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La Oficina Anticorrupción (OA) de Argentina iniciará una investigación contra el presidente Javier Milei y miembros de su gabinete tras la polémica generada por la promoción de una criptomoneda en sus redes sociales, lo que ha desatado acusación de fraude y manipulación financiera.

El propio Milei solicitó la intervención de la OA para determinar si existía una conducta impropia por parte de algún integrante del gobierno, incluido él mismo, según informó la Oficina del Presidente en un comunicado oficial.

El escándalo comenzó cuando Milei promocionó la criptomoneda $LIBRA, vinculada a la empresa KIP Protocol, lo que llevó a una especulación masiva en los mercados digitales. Sin embargo, tras el impulso inicial, la divisa sufrió un colapso abrupto, generando pérdidas millonarias y desatando sospechas de manipulación financiera.

El presidente argentino también anunció la creación de una Unidad de Tareas de Investigación (UTI) para analizar a fondo la actividad de KIP Protocol y cualquier otra empresa o individuo involucrado en la operación de la criptomoneda. Esta unidad estará bajo la órbita del Ejecutivo y contará con la participación de especialistas en criptoactivos, actividades financieras y lavado de dinero.

Según los registros oficiales, el 19 de octubre de 2023, Milei sostuvo una reunión con los representantes de KIP Protocol, Mauricio Novelli y Julian Peh, quienes le presentaron el proyecto "Viva la Libertad", basado en tecnología blockchain para financiar emprendimientos privados en Argentina. También estuvo presente el vocero presidencial, Manuel Adorni.

Más tarde, el 30 de enero de 2024, Milei recibió en la Casa Rosada al empresario Hayden Mark Davis, identificado como proveedor de la infraestructura tecnológica para la criptomoneda. Sin embargo, el gobierno argentino asegura que Davis no tiene ninguna vinculación formal con el Ejecutivo y que fue presentado por KIP Protocol como un socio del proyecto.

El presidente compartió el lanzamiento de $LIBRA en sus redes sociales personales, lo que impulsó su demanda y generó un aumento arrepentido en su valor. Sin embargo, poco después, la criptomoneda experimentó un desplome, permitiendo que los primeros inversores retiraran sus fondos y obtuvieran beneficios de hasta 87,4 millones de dólares, mientras que otros compradores sufrieron pérdidas significativas.

Ante el escándalo, Milei eliminó la publicación, argumentando que su intención no era promover la moneda, sino simplemente compartir información sobre el proyecto. No obstante, la controversia ha puesto en jaque la autoridad de su gobierno en cuestiones económicas y financieras.

La Oficina Anticorrupción analizará si hubo irregularidades o un posible conflicto de intereses en la relación entre el gobierno y el Protocolo KIP. La oposición y diversos sectores políticos han exigido mayor transparencia en la investigación y han pedido que se determinen responsabilidades en caso de confirmarse un fraude.

Mientras tanto, el sector financiero sigue atento a los resultados de la investigación, que podría impactar no solo la imagen del gobierno de Milei, sino también la confianza en el mercado de criptoactivos en Argentina.