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El empresario colombiano y exministro venezolano Alex Saab se declaró culpable ante un tribunal federal de Miami de conspirar para lavar dinero, en un caso relacionado con un esquema de sobornos y contratos públicos en Venezuela. Como parte del acuerdo judicial, Saab aceptó entregar 195 millones de dólares y colaborar con las autoridades estadounidenses.

Saab, de 54 años, fue una figura cercana al gobierno de Nicolás Maduro y durante años estuvo bajo investigación de Estados Unidos. En la nueva causa, los fiscales sostienen que participó en operaciones destinadas a obtener contratos del programa de alimentos CLAP mediante sobornos, empresas fachada y documentación falsa, con recursos que posteriormente fueron movilizados a través del sistema financiero estadounidense.

El empresario ya había enfrentado anteriormente cargos por lavado de dinero en Estados Unidos. Fue detenido en Cabo Verde en 2020 y extraditado a territorio estadounidense en 2021, pero recuperó su libertad en diciembre de 2023 como parte de un intercambio de prisioneros entre Washington y Caracas. Posteriormente regresó a Venezuela y ocupó un cargo ministerial durante el gobierno de Maduro.

Durante la audiencia celebrada en Miami, Saab cambió su declaración anterior de inocencia y respondió “culpable” al ser consultado por la jueza Kathleen M. Williams. El acuerdo alcanzado con los fiscales consta de 12 páginas y establece su cooperación con la investigación, aunque algunos detalles permanecen bajo reserva.

Según el Departamento de Justicia estadounidense, Saab reconoció haber participado junto con otras personas en un esquema que involucró fraude, sobornos a funcionarios y mecanismos destinados a ocultar el origen de los fondos. Las autoridades señalan que el dinero provenía de contratos relacionados con la importación de alimentos y medicinas para el programa CLAP.

Los fiscales sostienen que los involucrados utilizaron compañías ficticias, facturas y registros de transporte falsificados para obtener beneficios de contratos públicos. Parte de los recursos habría sido canalizada mediante empresas y cuentas ubicadas fuera de Venezuela, incluyendo operaciones a través de Estados Unidos.

Saab podría recibir una pena máxima de 20 años de prisión por el cargo al que se declaró culpable. La sentencia está prevista para enero de 2027 y será determinada por una jueza federal tomando en cuenta las disposiciones legales y las circunstancias establecidas en el proceso.

El caso adquiere especial relevancia por los vínculos políticos y económicos que Saab mantuvo con el gobierno venezolano. Su nueva cooperación con la justicia estadounidense podría aportar información a otras investigaciones relacionadas con operaciones financieras y corrupción vinculadas a antiguos funcionarios y colaboradores del régimen de Maduro.