Durante el segmento Consejo Legal del programa Honduras Al 100, los abogados Fabricio Pacheco y Jennifer Nieto, especialistas en derecho de familia y protección de la niñez, analizaron de manera crítica la situación actual que atraviesa el sistema de protección infantil en Honduras, señalando un abandono histórico por parte del Estado y serias deficiencias institucionales que continúan afectando a miles de niños y adolescentes.

La niñez hondureña continúa enfrentando múltiples vulneraciones en un sistema de protección debilitado por la falta de liderazgo, recursos y personal técnico capacitado.

En medio de una transición gubernamental y con instituciones clave operando sin autoridades plenamente designadas, especialistas señalan que los problemas estructurales se profundizan, afectando especialmente áreas sensibles como la adopción, la prevención y la protección integral de los derechos de niños y adolescentes.

Ambos profesionales coincidieron en que la problemática de la niñez no es reciente, sino el resultado de décadas de falta de políticas públicas sostenidas, ausencia de prevención y debilitamiento del núcleo familiar.

A su criterio, los gobiernos han reaccionado únicamente cuando ocurren hechos graves, sin atacar la raíz del problema ni fortalecer de manera real a las instituciones responsables.

Uno de los puntos más sensibles abordados fue la situación actual de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), la cual según expusieron opera sin autoridades plenamente designadas y con capacidades limitadas.

Aunque reconocieron que la creación de esta Secretaría representó un avance institucional, advirtieron que sin presupuesto, logística ni personal técnico especializado, su impacto sigue siendo insuficiente.

En materia de adopciones, los abogados señalaron que el sistema se encuentra prácticamente estancado. Indicaron que, pese a que la Ley Especial de Adopciones establece procedimientos claros y garantiza el debido proceso, la excesiva burocracia, la rotación constante de personal no capacitado y la falta de recursos han provocado retrasos de hasta ocho o nueve años en algunos casos, llevando incluso a que muchas familias desistan del proceso.

“La ley no es el problema, el problema es quién la aplica”, subrayaron, al explicar que cada cambio de gobierno implica nuevas autoridades sin formación adecuada, lo que ralentiza aún más los trámites y vulnera el principio de celeridad que debe prevalecer en los procesos de adopción, cuyo objetivo final es garantizar el derecho de los niños a vivir en una familia.

Sobre la percepción ciudadana relacionada con la venta o trata de niños, los especialistas aclararon que, si bien existen casos documentados de padres que han incurrido en estos delitos principalmente por pobreza, falta de educación y desintegración familiar, no existe evidencia de que estas prácticas se realicen de forma institucional. No obstante, reconocieron que la debilidad del sistema y la falta de controles generan desconfianza y alimentan estos temores en la población.

También se abordó el tema de las adopciones internacionales, donde señalaron que Honduras ha perdido credibilidad ante algunos países.

Como ejemplo, expusieron el caso de Alemania, que recientemente retomó procesos con el país, pero tuvo que retirar dos solicitudes en un período de cuatro años debido a la falta de avances y al incumplimiento de plazos, situación que calificaron como “penosa y vergonzosa” a nivel internacional.

Los expertos advirtieron además que la falta de profesionalización, la posible corrupción y el clientelismo político dentro de las instituciones de protección infantil continúan siendo obstáculos graves. Alertaron que, sin una verdadera depuración institucional y sin aplicar criterios de meritocracia en los nombramientos, el país seguirá enfrentando escándalos y retrocesos en la defensa de los derechos de la niñez.

Finalmente, Pacheco y Nieto hicieron un llamado directo al gobierno del presidente Nasry Asfura, exhortándolo a fortalecer la SENAF con personal certificado, presupuesto adecuado y logística suficiente, así como a evitar cualquier retroceso institucional, como una eventual fusión con otras secretarías. Coincidieron en que proteger a la niñez no debe ser un discurso, sino una política de Estado sostenida, recordando que el futuro de Honduras depende de cómo se cuide hoy a sus niños y adolescentes.