El abogado Kevin Medina y el especialista en derecho penal Rafael Turcios analizaron los principales mitos y dudas que rodean la justicia penal en Honduras, durante una edición del segmento Consejo Legal de Honduras al 100. La conversación se centró en explicar cuándo una conducta puede convertirse en delito, las diferencias entre los conflictos civiles y penales, y la importancia de conocer las instituciones a las que puede acudir la ciudadanía.

Rafael Turcios compartió parte de su experiencia profesional, que incluye aproximadamente ocho años como fiscal del Ministerio Público, con asignaciones en la Fiscalía de Delitos Comunes de Tegucigalpa, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado y la Fiscalía de Turno. Actualmente ejerce en el ámbito privado, con énfasis en materia penal.

Uno de los principales puntos abordados fue la idea de que únicamente las personas que cometen delitos de manera intencional pueden enfrentar un proceso penal. Turcios explicó que cualquier ciudadano puede verse involucrado en una situación de esta naturaleza, incluso cuando no existe la intención de causar daño. Como ejemplo, mencionó los accidentes de tránsito en los que una persona resulta lesionada o pierde la vida, situaciones en las que las circunstancias determinan si existe responsabilidad penal.

Durante el programa, los abogados aclararon que una denuncia ante el Ministerio Público no significa necesariamente que una persona sea culpable. Turcios indicó que esta institución representa los intereses generales de la sociedad y puede recibir denuncias de ciudadanos que consideran vulnerados sus derechos, además de citar a personas en calidad de testigos o investigados, según las necesidades del caso.

Otro de los temas discutidos fue la diferencia entre una infracción penal y un conflicto de carácter administrativo, civil o comercial. El exfiscal explicó que situaciones como la compra de un producto defectuoso no constituyen automáticamente una estafa, por lo que es necesario evaluar las circunstancias antes de determinar la vía legal correspondiente. En estos casos, la Dirección de Protección al Consumidor puede intervenir desde el ámbito administrativo.

La conversación también abordó los problemas entre vecinos relacionados con límites de terrenos y daños a propiedades. Turcios señaló que, cuando se trata de disputas sobre derechos de propiedad, puede ser necesario acudir a la vía civil u otras instancias competentes, en lugar de iniciar un procedimiento penal. Asimismo, explicó que el Ministerio Público dispone de peritos y profesionales técnicos para realizar las diligencias que correspondan cuando sean necesarias dentro de una investigación, sin cobrar por estos servicios.

Para concluir, ambos profesionales resaltaron la importancia de buscar asesoría jurídica especializada cuando una persona considera que ha sido víctima de un delito. Turcios indicó que contar con un abogado puede facilitar la presentación de documentación pertinente y ayudar a orientar las diligencias de acuerdo con las necesidades de cada investigación.

El segmento dejó como mensaje central que no todo conflicto constituye un delito y que una denuncia no equivale a una declaración de culpabilidad. Conocer las diferencias entre las distintas ramas del derecho y acudir a las instituciones correspondientes puede ayudar a los ciudadanos a defender sus derechos y buscar soluciones adecuadas a sus problemas.