POLÍTICAS

El exjefe del Ministerio Público, Johel Zelaya, ha exigido públicamente que se transparenten y abran a la ciudadanía todas las indagaciones que lo vinculen, retando a las autoridades a proceder conforme a derecho y asegurando que no buscará refugio en la inmunidad ni evitará la rendición de cuentas.

Esta postura frontal se desata tras las peticiones formuladas por una diputada suplente para activar acciones penales contra el propio Zelaya, así como contra figuras como el consejero del Consejo Nacional Electoral, Marlon Ochoa, el juez Mario Morazán y miembros de la Comisión Permanente.

El escenario institucional se halla marcado por intensos debates en torno a la imparcialidad del sistema judicial, el manejo de causas complejas sobre lavado de dinero y la persistente sospecha de sesgos políticos en la conducción de las investigaciones de alto impacto.

Mediante una manifestación pública, el exfuncionario remarcó que durante su paso por la fiscalía general aplicó principios estricto de independencia operativa y rigor técnico, advirtiendo que los mecanismos del Estado no deben instrumentalizarse bajo ninguna circunstancia para favorecer a grupos afines o para emprender persecuciones contra sectores de la oposición.

En su declaración, Zelaya fue enfático al reaccionar ante los señalamientos de la congresista suplente, asegurando que responderá con serenidad y de frente ante cualquier acción formal que se promueva en su contra.

Asimismo, aprovechó la oportunidad para dirigir la atención hacia expedientes archivados de la extinta unidad especial anticorrupción, solicitando puntualmente el cierre definitivo y objetivo del caso identificado como 52 UFECIC, 002-2017, relativo a presunto blanqueo de capitales.

Según sostuvo el ex titular del ente fiscal, dicho expediente mantenía líneas de investigación que vinculaban a la legisladora querellante con estructuras señaladas en juzgados internacionales por delitos de narcotráfico, crimen organizado y asesinatos múltiples.

Añadió que los avances sustanciales en esa causa coincidieron con el fin de su periodo institucional, razón por la cual reclamó que los entes investigadores mantengan el impulso procesal sin otorgar concesiones a ningún actor político.

Finalmente, el ex fiscal general hizo una autorización explícita para que la información correspondiente a las pesquisas en su contra sea de acceso público.

Bajo la premisa de la igualdad ante la ley, exhortó a la parlamentaria a despojarse de reservas e imitar la misma apertura, permitiendo que la sociedad juzgue la conducta de cada implicado sobre la base de evidencias concretas y alejadas de criterios de conveniencia institucional.