POLÍTICA

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, manifestó que el Estado hondureño tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos y procurar justicia para las víctimas de la delincuencia. Sus declaraciones surgieron tras el pronunciamiento de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), que expresó preocupación por posibles afectaciones a garantías fundamentales derivadas de las recientes reformas penales aprobadas en Honduras.

La controversia se originó luego de que Naciones Unidas advirtiera sobre posibles riesgos para los derechos humanos relacionados con varias modificaciones a la legislación penal y penitenciaria.

Entre los aspectos cuestionados figuran las disposiciones sobre asociación terrorista, la utilización de tatuajes como elementos para identificar posibles vínculos criminales, los allanamientos sin control judicial posterior y la aplicación obligatoria de la prisión preventiva.

El organismo internacional reconoció los problemas de violencia, extorsión y crimen organizado que enfrenta Honduras, pero recordó que las acciones para combatirlos deben respetar los compromisos internacionales en materia de derechos humanos.

A través de un pronunciamiento en sus redes sociales, Zambrano aseguró que el Congreso Nacional recibió con respeto las observaciones de Naciones Unidas y que revisará las recomendaciones presentadas por la oficina internacional.

El titular del Legislativo señaló que existe coincidencia con el organismo en cuanto a la obligación estatal de proteger a la población y garantizar justicia a quienes han sufrido las consecuencias de la criminalidad.

Asimismo, sostuvo que las autoridades hondureñas deben mantener una postura firme frente a las maras, pandillas y estructuras delictivas que, según indicó, han afectado durante años la tranquilidad de las comunidades y la seguridad de miles de familias.

Zambrano defendió las reformas penales y penitenciarias aprobadas por el Congreso, al considerar que representan herramientas para fortalecer la respuesta institucional contra las organizaciones criminales. También afirmó que estas disposiciones contemplan el respeto al debido proceso y las garantías constitucionales.

El congresista agregó que las recomendaciones de la OACNUDH serán examinadas con disposición de incorporar aquellas que contribuyan a mejorar la lucha contra el terrorismo, el narcotráfico y la delincuencia común.

Por su parte, Naciones Unidas insistió en que la seguridad pública y la protección de los derechos humanos no deben considerarse objetivos opuestos. Entre sus propuestas figura fortalecer la Defensa Pública, garantizar mecanismos de supervisión sobre las detenciones y establecer controles que eviten posibles abusos por parte de las autoridades.