POLÍTICA

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, destacó el inicio de la aplicación de las reformas al sistema penitenciario hondureño, orientadas a reforzar la seguridad y recuperar el control de los centros penales. El titular del Legislativo felicitó al director del Instituto Nacional Penitenciario (INP), general en condición de retiro Walter Amador Lacayo, por poner en marcha las nuevas disposiciones aprobadas por unanimidad en el Congreso.

Las modificaciones a la Ley del Instituto Nacional Penitenciario fueron aprobadas en septiembre de 2026, como parte de una estrategia gubernamental para combatir las estructuras criminales y evitar que continúen coordinando actividades delictivas desde las cárceles. Entre las medidas se contemplan controles más estrictos sobre las comunicaciones, las visitas y las condiciones de reclusión de personas vinculadas con organizaciones declaradas terroristas.

A través de un pronunciamiento público, Zambrano sostuvo que las cárceles deben funcionar bajo un régimen efectivo de vigilancia y disciplina, sin permitir que se conviertan en espacios desde donde se planifiquen extorsiones, amenazas u otras actividades criminales.

El congresista señaló que las reformas aprobadas proporcionan nuevas herramientas legales a las autoridades penitenciarias para intervenir en los centros de reclusión y garantizar que las disposiciones se cumplan. También insistió en que el trabajo legislativo debe reflejarse en resultados concretos para la población.

Como parte de las primeras acciones, el INP informó sobre el traslado de 567 privados de libertad hacia el centro penitenciario de Támara. De ese grupo, 555 fueron incorporados al régimen ordinario, mientras que otros 12, identificados por las autoridades como presuntos integrantes de estructuras terroristas, fueron enviados al módulo de máxima seguridad.

Las nuevas disposiciones también contemplan restricciones y supervisión de las visitas, mayores controles tecnológicos para impedir comunicaciones no autorizadas y condiciones especiales de reclusión para quienes sean vinculados con organizaciones criminales declaradas terroristas.

Zambrano manifestó que el Congreso Nacional continuará dando seguimiento a las instituciones responsables de ejecutar las reformas y demandando que las medidas se traduzcan en mejoras para el sistema de seguridad y justicia.

La aplicación de estos cambios representa una de las principales apuestas de las autoridades hondureñas para reducir la influencia de las organizaciones delictivas dentro de los centros penitenciarios. Sin embargo, su efectividad dependerá de la capacidad institucional para mantener los controles, garantizar el cumplimiento de la legislación y evitar que las cárceles sigan funcionando como espacios de coordinación criminal.