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Zambrano defiende reforma contra el lavado de activos

18 de noviembre de 2026

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, calificó como urgente y necesaria la aprobación de reformas para fortalecer la lucha contra el lavado de activos en Honduras.

Advirtió que el país podría enfrentar consecuencias económicas y financieras si no cumple con los estándares internacionales de prevención de este delito.

 

Honduras está sujeto a evaluaciones de organismos internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), que supervisan las medidas adoptadas por los países para combatir el lavado de dinero y el financiamiento de actividades ilícitas.

 

Una eventual inclusión de Honduras en la lista gris del GAFI podría afectar su imagen financiera, dificultar el acceso al crédito internacional y generar mayores obstáculos para las operaciones comerciales.

 

Durante su intervención, Zambrano defendió las modificaciones legales como una herramienta para mejorar los controles financieros y fortalecer la capacidad institucional frente al crimen organizado y otras actividades ilícitas.

 

El paquete legislativo contempla cambios a la Ley Especial contra el Lavado de Activos y otras normativas relacionadas con la supervisión de actividades económicas, el sistema financiero y la recuperación de bienes de origen ilícito.

 

Entre las medidas propuestas figura la regulación de proveedores de servicios de activos virtuales, como las plataformas de intercambio de criptomonedas, además de mayores obligaciones de control para determinados sectores profesionales y comerciales.

 

La iniciativa también incorpora disposiciones para mejorar los procedimientos de aseguramiento y recuperación de bienes vinculados con actividades delictivas, bajo mecanismos establecidos en la legislación.

 

El Congreso Nacional aprobó las reformas el 18 de noviembre, luego de su discusión en el tercer y último debate, con el respaldo de la mayoría de los diputados presentes.

 

Con esta decisión, Honduras busca actualizar su marco jurídico y cumplir los compromisos internacionales en materia de transparencia y prevención de delitos financieros.

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