POLÍTICA

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, rechazó que la orden de captura contra el exjefe del Legislativo, Luis Redondo, responda a una persecución política y sostuvo que las medidas judiciales están relacionadas con actuaciones que, según sus señalamientos, se realizaron al margen de la ley durante la administración parlamentaria anterior.

El caso se origina en una investigación del Ministerio Público contra Redondo y otros exintegrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional, por presuntas irregularidades vinculadas con decisiones adoptadas durante el período legislativo 2022-2026.

La situación ha generado reacciones entre representantes de distintas fuerzas políticas, luego de que se conociera la emisión de órdenes de captura contra el expresidente del Congreso y Edis Antonio Moncada, quien estuvo al frente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG).

Durante declaraciones a periodistas, Zambrano afirmó que las acciones judiciales contra su antecesor no deben interpretarse como una represalia política, sino como una consecuencia de las decisiones tomadas durante el período anterior. El actual titular del Legislativo aseguró que, cuando formaba parte de la oposición, ya había cuestionado la gestión de la directiva encabezada por Redondo.

El funcionario también señaló que corresponde a las instituciones competentes ejecutar las disposiciones judiciales. Entre ellas mencionó a la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad y la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol), en caso de que se requiera cooperación internacional para localizar a los señalados.

La investigación incluye señalamientos relacionados con el funcionamiento de las instituciones democráticas y presuntas irregularidades cometidas durante el ejercicio de funciones públicas. No obstante, las acusaciones deberán ser examinadas dentro del proceso judicial y la responsabilidad de los involucrados tendrá que establecerse conforme a la ley.

Por su parte, Redondo ha rechazado los señalamientos y ha calificado el procedimiento como una persecución política. Estas declaraciones han profundizado el intercambio de posiciones entre dirigentes del oficialismo y de la oposición, en un escenario marcado por cuestionamientos sobre las actuaciones de la anterior legislatura.

Las autoridades judiciales deberán continuar con las diligencias correspondientes y garantizar el debido proceso para todas las personas involucradas. Entretanto, las declaraciones de Zambrano mantienen el caso en el centro de la discusión política hondureña, mientras se espera el avance de las actuaciones judiciales.