Zambrano advierte penas de hasta 40 años

16 de noviembre de 2026
El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, advirtió que los policías, jueces, fiscales, militares y funcionarios penitenciarios que colaboren con organizaciones criminales podrían enfrentar condenas de entre 30 y 40 años de prisión.
El titular del Legislativo aseguró que se intensificarán las acciones contra las estructuras delictivas y que también habrá exigencias de resultados a las instituciones responsables de combatirlas.
Honduras atraviesa una nueva etapa de endurecimiento de las políticas de seguridad, impulsada desde el Congreso Nacional mediante reformas legales orientadas a combatir las pandillas, la extorsión y otras estructuras vinculadas con el crimen organizado.
Entre las medidas promovidas figuran la clasificación de determinadas organizaciones criminales como grupos terroristas, el fortalecimiento de los mecanismos de seguridad penitenciaria y la aplicación de sanciones más severas contra quienes participen en actividades delictivas.
Estas iniciativas también han generado preocupación entre organismos de derechos humanos, que han advertido sobre la necesidad de garantizar que las nuevas disposiciones respeten las garantías constitucionales y los estándares internacionales.
Durante una actividad desarrollada en San Marcos de Colón, departamento de Choluteca, Zambrano sostuvo que la estrategia contra el crimen organizado continuará y que las autoridades deberán demostrar resultados concretos en materia de seguridad.
El congresista anunció que antes de finalizar noviembre espera convocar a una primera reuni ón con los operadores de justicia en el Congreso Nacional. Posteriormente, se contempla que las instituciones involucradas presenten informes ante el pleno legislativo para explicar los avances y las acciones ejecutadas.
Zambrano señaló que los organismos de seguridad y justicia cuentan con nuevas herramientas legales para enfrentar a las organizaciones delictivas, por lo que considera necesario exigir mayor efectividad en su aplicación.
Uno de los puntos más contundentes de su intervención fue la advertencia dirigida a los funcionarios que mantengan relaciones con estructuras criminales. Según manifestó, cualquier policía, juez, fiscal, militar o agente penitenciario que sea identificado como colaborador de estas organizaciones podría ser procesado bajo la figura de colaboración con el terrorismo, con penas que alcanzarían los 30 o 40 años de prisión.
El presidente del Legislativo también adelantó que las autoridades de inteligencia han identificado otros grupos criminales que podrían incorporarse a la lista de organizaciones consideradas terroristas. Entre las estructuras mencionadas figuran la Mara Salvatrucha (MS-13), la Pandilla 18 y el denominado Cártel del Diablo.

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