POLÍTICAS

El Movimiento Liberal Nasrallista calificó como una acción de persecución política la multa de 146.4 millones de lempiras impuesta a Salvador Nasralla por la Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF), a raíz de inconsistencias relacionadas con aportaciones privadas recibidas durante su campaña electoral de 2025.

La UFTF determinó una sanción de 146 millones 457 mil 720 lempiras, equivalente al doble de los 73 millones 228 mil 860 lempiras correspondientes a 21 aportaciones privadas que, según el organismo fiscalizador, no fueron notificadas oportunamente y superaban el límite establecido por la legislación.

El organismo defendió el procedimiento y señaló que la investigación incluyó el análisis de las inconsistencias detectadas durante la auditoría y los descargos presentados por Nasralla. La titular de la UFTF, Ivonne Ardón, afirmó que la resolución fue estudiada durante más de un mes y medio antes de ser emitida.

El movimiento nasrallista cuestionó la resolución y sostuvo que el excandidato presidencial presentó su informe financiero dentro del plazo establecido. Nasralla también argumentó que la responsabilidad sobre la administración y liquidación de los recursos de campaña estaba distribuida entre diferentes órganos de su estructura electoral, entre ellos las comisiones de campaña y finanzas.

Otro de los cuestionamientos planteados por Nasralla está relacionado con el derecho a la defensa. El político considera que el procedimiento utilizado por la UFTF no le permitió ejercer plenamente sus argumentos frente a los señalamientos y anunció que sus abogados preparan los recursos correspondientes para impugnar la decisión.

La UFTF, por su parte, sostiene que la sanción tiene fundamento en la Ley de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización a Partidos Políticos y Candidatos. De acuerdo con la entidad, las 21 aportaciones superaban individualmente el umbral de 120 salarios mínimos y fueron reportadas después de que los recursos habían sido recibidos.

La controversia también ha generado un debate sobre el alcance de las sanciones electorales y las responsabilidades de los candidatos en el manejo y reporte de los fondos utilizados durante las campañas. La resolución todavía puede ser recurrida mediante los mecanismos establecidos en la legislación electoral, por lo que el caso podría continuar en otras instancias.

Nasralla y el movimiento que respalda su liderazgo sostienen que la sanción tiene una motivación política, mientras que la UFTF defiende que se trata de un procedimiento administrativo basado en la fiscalización de los recursos de campaña. Ambas posiciones forman parte de una disputa que ahora deberá continuar por las vías legales correspondientes.