POLÍTICAS

La Unidad de Financiamiento, Transparencia y Fiscalización (UFTF) defendió la sanción de 146.4 millones de lempiras impuesta al excandidato presidencial Salvador Nasralla y explicó que la resolución fue precedida por una revisión que se extendió durante más de un mes y medio. La entidad sostiene que el procedimiento incluyó el análisis de las inconsistencias detectadas y de los descargos presentados por el político.

La sanción está relacionada con 21 aportaciones privadas que sumaron 73,228,860 lempiras, las cuales, según la UFTF, no fueron notificadas dentro del plazo establecido por la legislación de financiamiento electoral. Al considerar que los incumplimientos no fueron subsanados oportunamente, la institución aplicó una multa equivalente al doble de ese monto, para un total de 146,457,720 lempiras.

Nasralla ha cuestionado la resolución y sostiene que presentó la documentación correspondiente a la rendición de cuentas de su campaña. La normativa, sin embargo, establece que los candidatos también forman parte de los sujetos obligados ante la UFTF y contempla sanciones específicas por la falta de notificación de determinadas aportaciones privadas.

La presidenta de la UFTF, Ivonne Ardón, explicó que la resolución no fue elaborada de manera inmediata, sino después de un proceso de revisión que duró más de un mes y medio. Durante ese período, los equipos de auditoría y del área legal analizaron las inconsistencias encontradas y la documentación presentada por el responsable financiero de la campaña.

De acuerdo con la funcionaria, la UFTF notificó los hallazgos correspondientes y permitió la presentación de descargos. Tras revisar esa información, el pleno de la institución determinó que algunas de las observaciones no fueron subsanadas conforme a los procedimientos establecidos.

La Unidad también aclaró que la sanción no corresponde a la ausencia de un informe financiero general. El punto central de la resolución son las 21 aportaciones privadas que, según la fiscalización, fueron reportadas fuera del plazo requerido. La legislación establece que los aportes superiores a determinados límites deben ser notificados a la autoridad fiscalizadora para permitir su seguimiento.

Ardón señaló además que existen hallazgos que exceden las facultades de investigación de la UFTF. Por esa razón, parte de la información fue remitida al Ministerio Público, institución que tiene competencias para determinar si de los hechos examinados pueden derivarse responsabilidades de carácter penal. Según la funcionaria, la Fiscalía había solicitado documentación relacionada con el caso desde junio.

La resolución de la UFTF fue emitida el 16 de septiembre de 2026 y puede ser impugnada mediante los mecanismos establecidos en la legislación electoral. Entre las opciones disponibles se encuentra la presentación de un recurso ante el Tribunal de Justicia Electoral dentro del plazo correspondiente.