POLÍTICA

Una iniciativa legislativa denominada Ley Ruta Segura busca endurecer las sanciones contra quienes conduzcan bajo los efectos del alcohol o las drogas en Honduras.

La propuesta contempla penas de hasta 10 años de prisión, dependiendo del tipo de vehículo utilizado, como parte de las medidas para prevenir accidentes y reducir las muertes en las carreteras.

El proyecto fue impulsado por el diputado liberal Alex Berríos y plantea reformar el artículo 323 del Código Penal, relacionado con la conducción temeraria. La propuesta pretende facilitar la aplicación de sanciones penales, eliminando la necesidad de demostrar que el conductor provocó un accidente o puso en peligro concreto a otras personas.

La reforma establece condenas de entre dos y cinco años de cárcel para quienes conduzcan vehículos livianos después de consumir bebidas alcohólicas o sustancias estupefacientes. En el caso de vehículos pesados, las penas podrían alcanzar entre cinco y diez años de prisión.

Uno de los principales cambios consiste en permitir que los resultados positivos de las pruebas de alcoholemia y toxicológicas practicadas por Medicina Forense sean suficientes para acreditar el consumo de estas sustancias, conforme a los procedimientos establecidos en la ley.

Berríos explicó que la intención es evitar que las autoridades tengan dificultades para procesar a los responsables debido a los requisitos legales actuales. Bajo el nuevo planteamiento, conducir bajo los efectos de sustancias que alteren las capacidades del individuo sería motivo de responsabilidad penal, aunque no se haya producido un choque o una víctima.

La iniciativa también contempla una excepción para personas que consuman medicamentos por razones médicas y puedan obtener resultados positivos en los exámenes. En esos casos, deberán presentar documentación que justifique el tratamiento.

El proyecto ha conseguido respaldo de diputados de distintas fuerzas políticas, así como de autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) y organizaciones vinculadas con la protección de víctimas de accidentes de tránsito.

Actualmente, la propuesta fue remitida a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para obtener el dictamen correspondiente antes de continuar su discusión en el Congreso Nacional.

De aprobarse y completar el procedimiento legislativo, la reforma representaría un endurecimiento de las medidas contra la conducción bajo los efectos del alcohol y las drogas. Por ahora, las penas planteadas forman parte de un proyecto y todavía no constituyen sanciones vigentes.