POLÍTICAS

El Congreso Nacional de Honduras se encamina a retomar este martes el debate sobre las reformas a la Ley General de la Industria Eléctrica, luego de que las diferentes bancadas alcanzaran acuerdos para destrabar el proyecto. El presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, aseguró que existe un consenso avanzado y que el dictamen podría ser sometido al tercer y último debate.

La propuesta permanece pendiente desde hace varias semanas debido a las diferencias entre las fuerzas políticas sobre el alcance de los cambios y las condiciones que deben incorporarse al proyecto. El Partido Liberal había planteado modificaciones y mecanismos de protección para evitar que la modernización del sector implicara una privatización de los bienes de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

La discusión ocurre en medio de los problemas financieros y operativos que enfrenta la estatal eléctrica, además del deterioro de las redes de transmisión y distribución. Desde el Congreso se ha señalado que las pérdidas de la ENEE representan uno de los principales obstáculos para recuperar la estabilidad del sistema energético hondureño.

Zambrano explicó que las conversaciones con las bancadas permitieron incorporar al proyecto varias de las observaciones formuladas durante las últimas semanas. Con estos ajustes, la intención del Legislativo es llevar nuevamente la iniciativa al pleno y buscar su aprobación durante la sesión del martes.

Uno de los principales argumentos utilizados para impulsar la reforma es la necesidad de modernizar la infraestructura eléctrica. El presidente del Congreso ha señalado que el país requiere inversiones tanto en las redes de transmisión como en generación, además de medidas destinadas a reducir las pérdidas que afectan las finanzas de la ENEE.

Dentro del debate también figura el costo que representan las pérdidas de energía para las finanzas públicas. Zambrano afirmó que la estatal eléctrica pierde alrededor de 16,000 millones de lempiras anuales, una situación que, según su planteamiento, limita la capacidad del Estado para atender otras necesidades prioritarias.

Otro de los asuntos contemplados es el combate al robo de energía, considerado por las autoridades como uno de los factores que contribuyen al deterioro financiero de la empresa estatal. La reforma busca establecer herramientas para enfrentar este problema y mejorar el funcionamiento general del sistema.

El proyecto también mantiene abierto el debate sobre las energías renovables. La bancada oficialista planteó que las iniciativas relacionadas con este tema sean discutidas mediante una mesa de trabajo durante los próximos dos meses, mientras se permite que la reforma principal avance en el Congreso.