POLÍTICAS

Una iniciativa presentada por el diputado liberal Alex Berríos busca endurecer las sanciones contra las personas que conduzcan bajo los efectos del alcohol o las drogas en Honduras. El proyecto, denominado Ley Ruta Segura, plantea penas de entre dos y cinco años de prisión para quienes manejen vehículos livianos y condenas de cinco a diez años para conductores de unidades pesadas.

La conducción bajo los efectos de sustancias que alteran las capacidades físicas y mentales representa un riesgo para conductores, pasajeros y peatones. En Honduras, los accidentes de tránsito constituyen una preocupación para las autoridades debido a sus consecuencias humanas y económicas.

Actualmente, el artículo 323 del Código Penal contempla disposiciones relacionadas con la conducción temeraria. Sin embargo, Berríos sostiene que la redacción vigente dificulta la presentación de acusaciones penales contra quienes manejan después de consumir alcohol o drogas, por lo que propone modificar el marco legal para facilitar la aplicación de las sanciones.

La propuesta legislativa contempla modificar el artículo 323 del Código Penal con el propósito de establecer sanciones diferenciadas según el tipo de vehículo utilizado. La iniciativa pretende que las consecuencias legales sean más severas cuando la conducta involucre unidades con mayor capacidad para provocar daños.

Para los conductores de automóviles livianos, el proyecto establece penas de dos a cinco años de prisión. En cambio, quienes manejen vehículos pesados, como autobuses, rastras y camiones de carga, podrían enfrentar condenas de cinco a diez años, si la reforma es aprobada en los términos planteados.

Uno de los puntos centrales de la denominada Ley Ruta Segura es facilitar la comprobación del consumo de estas sustancias mediante pruebas de alcoholemia y exámenes toxicológicos practicados conforme a los procedimientos legales. Según Berríos, los resultados emitidos por Medicina Forense podrían servir como elementos probatorios para que el Ministerio Público presente los cargos correspondientes.

El congresista argumenta que la legislación debe permitir una respuesta más efectiva antes de que se produzcan tragedias en las carreteras. Desde su perspectiva, la intervención legal no debería depender exclusivamente de que ocurra un accidente con personas heridas o fallecidas, sino de que se compruebe la conducta contemplada en la reforma.

El proyecto también prevé una excepción para las personas que utilizan medicamentos por razones médicas y cuyos tratamientos podrían generar resultados positivos en determinadas pruebas. Para acogerse a esa disposición, los pacientes tendrían que presentar documentación que respalde su condición y el uso de los fármacos.