POLÍTICAS

Un grupo de ciudadanos y miembros de las bases del Partido Nacional presentó una denuncia pública ante el Congreso Nacional en contra del procurador general de la República, Dagoberto Aspra, a quien señalan de promover disposiciones administrativas que, según los denunciantes, condicionarían el acceso a empleos en el Estado a la renuncia de acciones judiciales contra instituciones públicas.

La denuncia, fechada este 11 de agosto de 2026 en Tegucigalpa, solicita al Poder Legislativo abrir una investigación para determinar si las actuaciones atribuidas al funcionario se ajustan al marco constitucional y legal hondureño.

De acuerdo con el documento divulgado por los ciudadanos, el procurador habría establecido como requisito para determinados procesos de contratación que los aspirantes no mantengan demandas o reclamos judiciales contra el Estado.

Los denunciantes aseguran que esta situación estaría afectando especialmente a trabajadores y exempleados vinculados a programas sociales, entre ellos Guías de Familia, Mejores Familias, promotores del bono y antiguos integrantes de Código Verde.

Según la denuncia, algunos de estos trabajadores se encontrarían ante una disyuntiva que consideran injusta: mantener sus reclamaciones para exigir derechos laborales o desistir de ellas para tener posibilidades de acceder nuevamente a un puesto dentro de la administración pública.

Los ciudadanos califican esta práctica como una forma de presión institucional y sostienen que el Estado no debería utilizar el acceso al empleo como mecanismo para limitar el derecho de una persona a acudir ante los tribunales.

La denuncia sostiene que el supuesto condicionamiento podría entrar en conflicto con garantías contempladas en la Constitución hondureña, particularmente aquellas relacionadas con el derecho al trabajo y el acceso a la justicia.

Los firmantes citan el artículo 127 constitucional, referente al derecho al trabajo, y el artículo 82, relacionado con la garantía de acceso a los tribunales para la defensa de los derechos.

También hacen referencia a compromisos internacionales asumidos por Honduras en materia de derechos laborales y sociales, entre ellos el Protocolo de San Salvador y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

A criterio de los denunciantes, una política que obligue a una persona a abandonar una acción judicial como condición para obtener un empleo podría constituir un uso indebido de las facultades administrativas.

Ante estos señalamientos, el grupo pide al Congreso Nacional adoptar medidas para determinar si las disposiciones atribuidas al procurador tienen sustento jurídico.

Entre sus principales peticiones figura la creación de una comisión especial investigadora que cite a Dagoberto Aspra y revise los memorandos, circulares y demás instrucciones administrativas que eventualmente hayan sido emitidos sobre la contratación de personas con procesos judiciales pendientes contra el Estado.

También solicitan que cualquier disposición que limite simultáneamente derechos laborales y procesales sea revisada y, de comprobarse su ilegalidad, dejada sin efecto.

Finalmente, los firmantes plantean que se determinen eventuales responsabilidades legales, administrativas o políticas si una investigación oficial confirma que hubo actuaciones contrarias a la Constitución o a las leyes.

El planteamiento coloca nuevamente sobre la mesa la relación entre las decisiones administrativas del Estado y los derechos de trabajadores que mantienen litigios o reclamaciones pendientes.

La controversia deberá determinar, en caso de que las autoridades legislativas atiendan la solicitud, si las disposiciones cuestionadas corresponden a una política administrativa válida para regular contrataciones o si, por el contrario, representan una restricción indebida al derecho de los ciudadanos a reclamar judicialmente frente al Estado.

Por ahora, se trata de señalamientos formulados por el grupo denunciante, por lo que corresponderá a las instituciones competentes verificar la existencia, alcance y fundamento jurídico de los memorandos o directrices mencionados, así como escuchar la posición del procurador general de la República antes de establecer responsabilidades.