POLÍTICA

El Ministerio Público (MP) avanza en la preparación de requerimientos fiscales contra exfuncionarios de la administración anterior, luego de detectar presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos de distintas instituciones estatales. Los informes remitidos por la Comisión Técnica Liquidadora contienen hallazgos sobre fondos sin justificar y posibles desvíos de dinero, por lo que la Fiscalía solicita documentación adicional para sustentar las investigaciones.

Las investigaciones surgieron a partir de las revisiones realizadas durante el proceso de liquidación de varias dependencias gubernamentales. Entre las instituciones bajo observación figuran la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Red Solidaria y la desaparecida Secretaría de Planificación Estratégica.

El coordinador de la Comisión Liquidadora, Ángel Mendoza, informó que se encontraron expedientes relacionados con recursos públicos cuya utilización no estaría debidamente respaldada. También señaló que algunas partidas destinadas a programas sociales presuntamente habrían sido utilizadas con fines proselitistas, situación que deberá ser comprobada por las autoridades competentes.

Mendoza explicó que el Ministerio Público ya recibió informes sobre los hallazgos y ha solicitado información complementaria para identificar a los funcionarios que tuvieron responsabilidad en la administración de los recursos investigados.

Entre los documentos requeridos figuran detalles sobre nombramientos, cargos, funciones y procedimientos administrativos, elementos que permitirán establecer quiénes participaron en las decisiones relacionadas con el manejo de los fondos estatales.

El representante de la Comisión Liquidadora indicó que las fiscalías especializadas trabajan en el fortalecimiento de los expedientes con el propósito de presentar los requerimientos fiscales correspondientes en las próximas horas.

Uno de los principales focos de atención es Sedesol, institución donde se habrían identificado mayores indicios de posibles irregularidades. Las revisiones también incluyen recursos de la Red Solidaria, programa mediante el cual se distribuyeron ayudas económicas y beneficios a distintos sectores de la población.

Asimismo, las autoridades buscan determinar si los fondos asignados llegaron a los beneficiarios que cumplían los requisitos establecidos o si existieron operaciones que favorecieron a personas sin derecho a recibir esos recursos.

La Comisión Liquidadora también trasladó información al Tribunal Superior de Cuentas (TSC), organismo encargado de examinar las posibles responsabilidades administrativas y civiles derivadas del manejo de los recursos públicos.