POLÍTICAS

El Ministerio Público abrió diligencias de investigación y comenzó a citar a personas vinculadas con el denominado caso “El Tamalazo”, relacionado con el manejo de fondos públicos durante la administración anterior. La investigación surgió a partir de una denuncia presentada por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que señaló posibles irregularidades en la utilización de recursos estatales.

El caso salió a la luz a comienzos de 2026, luego de cuestionamientos sobre la contratación y adquisición de miles de nacatamales mediante fondos públicos. Los señalamientos se relacionan con programas impulsados desde la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y con la participación de la organización Jóvenes Metas.

Entre los aspectos que deberán ser revisados por los investigadores figura el costo de los alimentos adquiridos, la capacidad de la organización encargada de ejecutar los recursos y la forma en que fueron realizados los desembolsos. La denuncia sostiene que habría existido una posible sobrevaloración, aunque será el proceso investigativo el que determine si hubo irregularidades constitutivas de delito.

El representante de la ASJ, Nelson Castañeda, confirmó que el Ministerio Público ya desarrolla actuaciones relacionadas con la denuncia y que varias personas vinculadas con los proyectos fueron llamadas para brindar declaraciones.

La admisión de la denuncia representa un nuevo paso en el caso, que ahora será sometido a una investigación formal para determinar qué ocurrió con los recursos públicos y si existen elementos que permitan establecer responsabilidades individuales.

Uno de los principales puntos bajo análisis es la adquisición de aproximadamente 45 mil nacatamales, que fueron elaborados y entregados durante actividades sociales y celebraciones desarrolladas durante la administración anterior.

Según los señalamientos incluidos en la denuncia, cada unidad habría tenido un costo cercano a los 80 lempiras, mientras que la ASJ planteó una posible sobrevaloración de unos 50 lempiras por nacatamal. Estas cifras forman parte de los aspectos que deberán ser verificados por las autoridades.

La investigación alcanza además a la organización Jóvenes Metas, debido a su participación en la ejecución de recursos vinculados con programas de Sedesol. Entre los puntos que deberán esclarecerse está si la organización contaba con la capacidad necesaria para cumplir con los compromisos establecidos.

También se revisará la manera en que fueron administrados y desembolsados los fondos relacionados con el convenio, con el propósito de determinar si los procedimientos utilizados se ajustaron a las normas correspondientes.