POLÍTICAS

El expresidente y dirigente del partido Libertad y Refundación (Libre), Manuel Zelaya Rosales, criticó la aprobación de la nueva Ley de Justicia Energética y sostuvo que los cambios impulsados en el Congreso Nacional podrían abrir la puerta a una privatización de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El Congreso Nacional aprobó la normativa con 78 votos, en medio de posiciones encontradas sobre el futuro del sistema eléctrico hondureño. La reforma plantea una reorganización de la ENEE mediante la separación de las actividades de generación, transmisión y distribución en empresas subsidiarias, aunque la estatal conservaría su papel como empresa matriz.

Zelaya manifestó su rechazo a la legislación y cuestionó que, a su criterio, el Estado esté cediendo espacios estratégicos del sector energético a intereses privados. El exmandatario considera que la nueva estructura podría terminar debilitando el carácter público de la empresa estatal.

El dirigente de Libre sostuvo que la aprobación de la ley representa un retorno a políticas de corte privatizador que, según su valoración, ya han afectado anteriormente a los servicios públicos del país. Sus declaraciones se produjeron después de que el Legislativo concluyera la discusión y aprobara la reforma.

En contraste, sectores empresariales han considerado necesaria una transformación del sistema eléctrico, aunque advierten que la nueva legislación por sí sola no solucionará los problemas financieros y operativos de la ENEE. Entre las principales preocupaciones figuran las pérdidas de energía, las interrupciones del servicio y el elevado costo que representa la crisis eléctrica para las finanzas nacionales.

La nueva normativa contempla una reorganización interna de la estatal, manteniendo a la ENEE como empresa matriz y distribuyendo sus principales actividades en estructuras subsidiarias. También establece disposiciones relacionadas con los subsidios y su identificación dentro de las facturas de los usuarios.

Zelaya, sin embargo, mantiene una posición contraria y aseguró que el carácter público de la empresa será recuperado. En su pronunciamiento afirmó que la ENEE volverá a ser plenamente pública en 2029, planteando esa fecha como un compromiso político frente a lo que considera un intento de privatización.

La discusión sobre el futuro de la empresa eléctrica queda así marcada por dos posiciones: quienes consideran que la reforma puede contribuir a ordenar y modernizar el sector, y quienes advierten que los cambios podrían facilitar una mayor participación privada en áreas estratégicas. El impacto real de la legislación dependerá de su aplicación y de las decisiones que adopten las próximas autoridades.