POLÍTICA

La diputada del Partido Libertad y Refundación (Libre), Kritza Pérez, no descartó que el proceso judicial contra los antiguos integrantes de la Comisión Permanente del Congreso Nacional pueda derivar en la suspensión o inhabilitación de algunos parlamentarios que actualmente ocupan cargos legislativos. La congresista manifestó su preocupación por las posibles consecuencias del requerimiento fiscal y cuestionó que los señalados todavía no tengan acceso completo al expediente de investigación.

El Ministerio Público presentó un requerimiento fiscal contra 14 personas vinculadas con la extinta Comisión Permanente del período legislativo 2022-2026, encabezada por el entonces presidente del Congreso, Luis Redondo. La acusación comprende 21 delitos relacionados con presuntas actuaciones irregulares en el ejercicio de funciones públicas.

Pérez reconoció que una de las posibles consecuencias del proceso sería la suspensión de las funciones legislativas de los diputados que continúan en sus cargos, aunque aclaró que desconoce si ese es el propósito de la acción judicial emprendida contra los exintegrantes de la comisión.

La parlamentaria aseguró que los señalados han mostrado disposición para colaborar con las autoridades y han comparecido cuando han sido convocados. Sin embargo, cuestionó que no se les haya permitido conocer el contenido del expediente, situación que, a su criterio, dificulta preparar una defensa frente a las acusaciones.

También explicó que los involucrados fueron convocados ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) para una audiencia de declaración de imputado, pero el carácter reservado de la investigación ha limitado el acceso a los elementos que sustentan el requerimiento fiscal.

La causa judicial sufrió un nuevo retraso el pasado jueves 29 de octubre, cuando la audiencia fue suspendida después de que las defensas presentaran cuatro recusaciones contra la jueza natural Anny Ochoa. Los recursos deberán ser examinados por el tribunal competente antes de determinar si la magistrada continúa al frente del expediente.

Por su parte, Pérez cuestionó el funcionamiento del sistema de justicia hondureño y pidió que las instituciones actúen con transparencia, independencia y garantías de igualdad para todas las personas involucradas en procesos judiciales.

La legisladora también sostuvo que los integrantes de la antigua Comisión Permanente no están siendo investigados por apropiación de fondos públicos, narcotráfico o lavado de activos, sino por actuaciones relacionadas con el ejercicio de sus funciones.

Mientras avanza el procedimiento, permanece pendiente la resolución de los recursos presentados por las defensas y la continuación de la audiencia judicial. Cualquier eventual suspensión de los diputados deberá ser determinada por las autoridades competentes, conforme a las disposiciones legales aplicables.