POLÍTICAS

La bancada del Partido Libertad y Refundación (Libre) anunció que emprenderá acciones legales contra la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), luego de rechazar los señalamientos contenidos en un reciente informe sobre el manejo de fondos públicos durante la administración anterior del Congreso Nacional. El diputado Nelson Leiva informó que la denuncia sería presentada ante el Ministerio Público por los presuntos delitos de injurias y calumnias.

La reacción surge después de que la ASJ cuestionara el uso de recursos del Fondo de Administración Solidaria entre 2023 y 2025. Según la organización, durante ese período se canalizaron alrededor de 1,837 millones de lempiras mediante una partida presupuestaria que, a su criterio, presentó deficiencias en materia de transparencia, control, liquidación y rendición de cuentas.

Leiva calificó las conclusiones de la ASJ como tendenciosas y aseguró que las acusaciones contra los diputados de Libre son falsas. El parlamentario sostuvo además que los congresistas no administraron directamente los recursos cuestionados, ya que, según su versión, los fondos fueron desembolsados directamente a los beneficiarios.

El legislador adelantó que la acción legal tendrá el respaldo de toda la bancada de Libre. También dejó abierta la posibilidad de que exdiputados mencionados en el informe se incorporen a la iniciativa judicial que será presentada ante el Ministerio Público.

El informe de la ASJ señala que diputados propietarios y suplentes gestionaron recursos para becas, cupones de alimentos, proyectos de vivienda y kits escolares, mientras distintas instituciones estatales participaron como ejecutoras de los programas.

Uno de los puntos señalados corresponde a los cupones y certificados alimenticios, que durante el período analizado representaron más de 187 millones de lempiras. La ASJ indicó que únicamente una parte de esos recursos había sido liquidada y que unos 53 millones de lempiras en cupones fueron gestionados mediante un grupo de 26 diputados de Libre.

La controversia enfrenta ahora dos posiciones: por un lado, la ASJ sostiene que existieron deficiencias en los mecanismos de control y transparencia; por otro, la bancada de Libre rechaza esas conclusiones y busca llevar el conflicto al ámbito judicial.

La eventual denuncia ante el Ministerio Público podría abrir una nueva etapa en la disputa, donde corresponderá a las autoridades determinar si existen elementos que sustenten las acusaciones planteadas por cualquiera de las partes.