POLÍTICAS

En medio de las discusiones sobre el panorama político y electoral de Honduras, diversos sectores han expresado posturas sobre la posibilidad de una reelección presidencial. La diputada Erika Urtecho se sumó al debate reiterando que la Constitución de la República establece límites claros respecto a este tema y que el respeto al orden constitucional debe prevalecer como base del sistema democrático.

La diputada Erika Urtecho reiteró que la reelección presidencial en Honduras carece de sustento legal y aseguró que cualquier intento por habilitarla representaría una acción contraria a lo establecido en la Constitución de la República. La parlamentaria hizo un llamado a respetar el marco jurídico vigente y a garantizar el cumplimiento de los principios democráticos.

Durante sus declaraciones, la congresista sostuvo que la normativa constitucional es clara respecto a la prohibición de la reelección presidencial, por lo que consideró que este asunto no debería prestarse a interpretaciones que generen incertidumbre en la población. A su criterio, el principio de alternancia en el poder constituye uno de los pilares fundamentales del sistema democrático hondureño.

Urtecho manifestó que los funcionarios públicos y los diferentes actores políticos tienen la responsabilidad de actuar con apego a la ley y de preservar la institucionalidad del país. En ese sentido, señaló que el fortalecimiento del Estado de derecho depende del respeto a las normas constitucionales y del cumplimiento de los procedimientos establecidos para la toma de decisiones de interés nacional.

Asimismo, indicó que Honduras enfrenta importantes desafíos en materia económica, social y de seguridad, por lo que consideró que la agenda política debe enfocarse en impulsar soluciones a esas necesidades y en promover acuerdos que beneficien a la ciudadanía, en lugar de abrir debates que, según afirmó, podrían generar mayor polarización.

La diputada también expresó que la estabilidad democrática se construye mediante el respeto a la Constitución, la independencia de las instituciones y la transparencia de los procesos electorales. Finalmente, instó a los distintos sectores políticos a mantener un diálogo responsable y a privilegiar el interés del país, defendiendo el marco legal como garantía para la convivencia democrática y la seguridad jurídica de Honduras.