POLÍTICAS

La Ley de Justicia Energética ya está vigente en Honduras luego de su publicación en el diario oficial La Gaceta, mediante el Decreto 198-2026. La normativa introduce cambios en el funcionamiento del sector eléctrico, establece un período de congelamiento de la tarifa y modifica la estructura regulatoria y operativa de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).

El Congreso Nacional aprobó la legislación el pasado 31 de agosto y posteriormente fue sancionada por el presidente Nasry Asfura. Su publicación en la edición número 37,258 de La Gaceta, correspondiente al 29 de septiembre, permitió que las disposiciones comenzaran a tener vigencia.

La nueva legislación reforma varios artículos de la Ley General de la Industria Eléctrica y plantea una reorganización de las actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización. Entre los objetivos establecidos están mejorar la eficiencia del sistema, fortalecer su sostenibilidad financiera, proteger a los usuarios y promover inversiones en infraestructura eléctrica.

Uno de los primeros efectos de la normativa es la prohibición temporal de aumentar la tarifa eléctrica durante seis meses. El período comienza con la entrada en vigor de la ley y contempla la posibilidad de una extensión por otros seis meses si así lo determina el Poder Legislativo.

La legislación también establece cambios en la organización del sector. Entre ellos figura el fortalecimiento de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) como entidad con independencia funcional, presupuestaria y financiera. La comisión estará integrada por tres comisionados, quienes tendrán períodos de seis años, bajo el mecanismo de nombramiento establecido en la propia ley.

Otro cambio relevante es la creación del Operador del Sistema y del Mercado (OSM), concebido como una entidad técnica e independiente encargada de la operación integrada del sistema eléctrico interconectado nacional. La nueva estructura busca separar funciones y establecer mecanismos de operación y supervisión diferenciados dentro del mercado energético.

La ley también modifica las reglas relacionadas con la participación de los distintos actores del mercado eléctrico y contempla condiciones destinadas a impulsar nuevas inversiones. El texto establece entre sus objetivos promover la competencia, evitar prácticas desleales o abusos de posición dominante y generar condiciones para ampliar la infraestructura necesaria para garantizar el suministro.

En cuanto a la ENEE, la reforma busca modificar su funcionamiento dentro de un proceso más amplio de reorganización del subsector eléctrico. La legislación parte de la necesidad de enfrentar los problemas financieros y los elevados niveles de pérdidas que han afectado a la empresa estatal, planteando medidas estructurales para mejorar su desempeño.