POLÍTICA

La magistrada Anny Belinda Ochoa tendrá que resolver si autoriza al Ministerio Público (MP) realizar un análisis forense de grabaciones del Congreso Nacional relacionadas con las actuaciones de la extinta Comisión Permanente. La solicitud fue remitida a su despacho luego de que un juzgado ad hoc aceptara un planteamiento presentado por los abogados defensores de varios exintegrantes del órgano legislativo.

El caso está relacionado con presuntas irregularidades ocurridas durante la gestión del Congreso Nacional en el período 2022-2026, particularmente por decisiones adoptadas durante la crisis legislativa de octubre de 2025 y enero de 2026.

La Fiscalía investiga actuaciones vinculadas con la integración de la Comisión Permanente y la aprobación del Decreto Legislativo 58-25, relacionado con el proceso electoral hondureño.

La resolución judicial fue emitida el 9 de noviembre de 2026, dentro del expediente VP 06-2026, después de que las defensas solicitaran que el juzgado ad hoc dejara de conocer la petición fiscal.

El Ministerio Público, mediante la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), había solicitado el 18 de junio realizar la extracción y revisión técnica de grabaciones correspondientes a sesiones y acontecimientos registrados entre el 28 y el 31 de octubre de 2025, así como del 8 de enero de 2026.

Los abogados argumentaron que esa diligencia debía quedar bajo responsabilidad de la magistrada Ochoa, debido a que ella ya conoce el expediente penal principal relacionado con los mismos acontecimientos.

El juzgado aceptó ese planteamiento y ordenó trasladar las actuaciones a la autoridad judicial que lleva el proceso principal. También estableció que las diligencias realizadas hasta ese momento conservan su validez.

Entre los señalados en el requerimiento fiscal figuran el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, 12 antiguos integrantes de la Comisión Permanente y el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada.

Las investigaciones incluyen posibles irregularidades en la suspensión de sesiones legislativas ordinarias y la integración de la Comisión Permanente, además de los acontecimientos relacionados con la convocatoria del 8 de enero de 2026.

La magistrada Ochoa deberá determinar si procede o no la solicitud de la Fiscalía para efectuar el peritaje audiovisual. Sin embargo, la remisión del expediente no significa que los videos hayan sido rechazados como prueba ni que exista una resolución sobre la responsabilidad penal de los investigados.