POLÍTICAS

El diputado Kilvett Bertrand afirmó que ciudadanos de origen chino habrían entregado entre 5,000 y 10,000 dólares para ingresar a Honduras durante la administración anterior, señalamiento que vuelve a colocar bajo escrutinio los controles migratorios del país.

Según el parlamentario, además de los movimientos migratorios de ciudadanos chinos que ya han sido objeto de cuestionamientos, existirían investigaciones sobre otros 24,000 posibles ingresos irregulares. Bertrand sostuvo que corresponde al Ministerio Público determinar si detrás de estos casos existió algún mecanismo ilegal.

La controversia surge luego de que las autoridades y distintos sectores comenzaran a cuestionar las condiciones bajo las cuales miles de ciudadanos chinos ingresaron a Honduras durante años anteriores. El tema ha sido denominado públicamente como “chinazo 2.0” y ha generado llamados para esclarecer los procedimientos utilizados.

El Congreso Nacional también ha promovido acciones para investigar el ingreso de ciudadanos de esa nacionalidad. Entre los datos que han trascendido se encuentra un registro inicial de 13,022 movimientos migratorios, cifra que ahora es contrastada con nuevos señalamientos sobre posibles entradas al país al margen de los procedimientos establecidos.

Bertrand manifestó que algunos ciudadanos chinos habrían pagado cantidades que oscilaban entre 5,000 y 10,000 dólares para conseguir su ingreso a Honduras. Sin embargo, se trata de una denuncia pública que deberá ser respaldada mediante investigaciones y pruebas de las autoridades competentes.

El diputado señaló que el Ministerio Público debe establecer quiénes pudieron estar involucrados, cómo se habrían efectuado los supuestos cobros y si estos estuvieron relacionados con funcionarios o personas encargadas de facilitar los trámites migratorios.

La magnitud de las cifras mencionadas ha aumentado la preocupación sobre el funcionamiento de los mecanismos de control migratorio y sobre la posible existencia de redes dedicadas a facilitar ingresos de manera irregular.

El caso se encuentra bajo atención de las instituciones encargadas de investigar posibles delitos, mientras desde el Congreso se han planteado mecanismos para conocer con mayor detalle cómo se produjeron los ingresos de ciudadanos chinos al territorio hondureño.

Las autoridades deberán determinar si los movimientos registrados corresponden a procedimientos migratorios legítimos o si existieron irregularidades, incluyendo posibles pagos, intermediarios o alteración de procesos.