POLÍTICA

Tres diputados del Partido Liberal fueron denunciados ante el Ministerio Público (MP) por presunta incitación al odio e incumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos, luego de expresar opiniones relacionadas con la eliminación de garantías de derechos humanos en el marco de las recientes reformas penales aprobadas en Honduras.

Los señalamientos surgen en medio de un debate nacional sobre las modificaciones al Código Penal y al Código Procesal Penal, impulsadas con el argumento de fortalecer la lucha contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales. Entre las propuestas también figura reducir de 18 a 16 años la edad punible para menores involucrados en delitos graves, iniciativa que ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de la niñez y los derechos humanos.

Los congresistas señalados son Francis Cabrera, Saraí Espinal y Rashid Mejía. La denuncia fue presentada por el movimiento Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH), ante la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, con el respaldo de la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos y la Coordinadora de Instituciones Privadas por los Derechos de la Niñez, Adolescencia y Juventud (Coiproden).

Christopher Castillo, coordinador de ARCAH, explicó que la acción legal busca que las autoridades investiguen las declaraciones de los parlamentarios, debido a que consideran que sus planteamientos podrían promover discursos de rechazo hacia determinados sectores de la población y poner en riesgo garantías constitucionales.

Uno de los pronunciamientos cuestionados corresponde al diputado Francis Cabrera, quien manifestó que Honduras debería considerar la eliminación de tratados internacionales de derechos humanos si estos representan, a su criterio, un obstáculo para combatir la delincuencia.

Por su parte, Saraí Espinal ha defendido la propuesta de reducir la edad punible, argumentando que las organizaciones criminales utilizan a menores de edad para cometer delitos graves y que es necesario modificar las herramientas legales para enfrentar esa situación.

En tanto, Rashid Mejía cuestionó las posibilidades de rehabilitación de jóvenes involucrados en estructuras delictivas y señaló que los entornos sociales y psicológicos en los que crecieron dificultan su reinserción.

Las organizaciones denunciantes sostienen que las políticas de seguridad deben desarrollarse respetando los derechos fundamentales y sin generalizar señalamientos contra grupos vulnerables.

Además, Wilmer Vásquez, representante de Coiproden, pidió a las instituciones y a la ciudadanía mantenerse vigilantes ante cualquier medida o discurso que pueda afectar la protección de la niñez, la juventud y las libertades fundamentales.