POLÍTICAS

La defensa del expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, presentó un recurso para intentar dejar sin efecto la designación de un perito solicitado por el Ministerio Público dentro de la investigación relacionada con el Decreto 58-2025.

El abogado Juan Fernando Molina, integrante del equipo legal de Redondo, explicó que la acción busca revertir una resolución que permitió al Ministerio Público corregir o complementar su solicitud para la juramentación del experto. La defensa considera que el planteamiento original debió ser rechazado y cuestiona que se haya concedido un plazo para subsanarlo.

El perito propuesto por la Fiscalía tendría la responsabilidad de analizar y verificar videos correspondientes a la sesión del Congreso Nacional en la que fue aprobado el Decreto 58-2025. Ese material forma parte de las diligencias que se desarrollan en el expediente contra Redondo y otros exintegrantes de la Comisión Permanente.

La defensa sostiene que permitir al Ministerio Público corregir su petición podría afectar el principio de igualdad entre las partes. Según Molina, el equipo jurídico respeta la resolución judicial, pero considera que la decisión le causa un perjuicio y por ello decidió recurrirla.

El decreto, aprobado el 8 de enero y publicado en La Gaceta al día siguiente, ordenaba al Consejo Nacional Electoral realizar un recuento general de los votos de las elecciones generales de noviembre de 2025. La normativa también contemplaba que el Congreso asumiera directamente el escrutinio si el CNE no ejecutaba el procedimiento establecido.

La disposición generó cuestionamientos debido a posibles conflictos con la autonomía constitucional del organismo electoral y por el procedimiento utilizado para su aprobación. El Ministerio Público mantiene el decreto como uno de los elementos de la investigación que involucra a Redondo y a otros exmiembros de la Comisión Permanente.

Por ahora, el recurso presentado por la defensa deberá ser resuelto por la autoridad judicial correspondiente. Mientras tanto, el peritaje de los videos permanece como una de las diligencias que podrían aportar elementos para establecer cómo se desarrolló la sesión legislativa y cuál fue la actuación de los involucrados.