POLÍTICA

El movimiento Por Nuestros Hijos presentó una denuncia ante el Ministerio Público para solicitar que se investigue la publicación de la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente en Honduras. La organización cuestiona tanto el procedimiento utilizado para divulgar la normativa como sus contenidos educativos, al considerar que no reflejan las convicciones de numerosas familias hondureñas.

La controversia gira en torno al Decreto Legislativo 08-2023, aprobado por el Congreso Nacional en marzo de 2023 y vetado posteriormente por la entonces presidenta Xiomara Castro.

Sin embargo, el documento apareció publicado en el diario oficial La Gaceta el 22 de enero de 2026, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad del procedimiento seguido para su divulgación.

La abogada Dania Muñoz, integrante del movimiento, explicó que la acción legal busca establecer quiénes participaron en la publicación de una normativa que, según la organización, no habría completado todos los pasos requeridos para entrar en vigor. El grupo considera necesario esclarecer las decisiones administrativas que permitieron que el decreto apareciera en el diario oficial pese al veto presidencial.

Uno de los principales cuestionamientos de la agrupación está relacionado con el enfoque de educación sexual contemplado en la legislación. Muñoz sostuvo que los padres de familia no tuvieron una participación suficiente en la discusión de la propuesta y manifestó su desacuerdo con los contenidos que, a su juicio, podrían transmitirse a los menores en los centros educativos.

La representante también recordó las movilizaciones realizadas en 2023 por padres de familia y sectores sociales que se opusieron a la iniciativa. Según indicó, aquellas protestas buscaban frenar la implementación de un modelo educativo que consideraban contrario a sus principios familiares y religiosos.

Además de las objeciones sobre el contenido, el movimiento pidió que se determinen posibles responsabilidades por las actuaciones relacionadas con la publicación del decreto. La denuncia solicita que las autoridades competentes examinen los antecedentes y establezcan si hubo irregularidades en el proceso.

El caso ha generado reacciones en el ámbito político. Desde el Congreso Nacional se han anunciado acciones para impulsar la derogación de la normativa y esclarecer cómo llegó a publicarse, mientras representantes de la organización insisten en que la investigación debe identificar a quienes intervinieron en el procedimiento.

La discusión mantiene abierto el debate sobre la prevención del embarazo adolescente, la educación sexual en el sistema escolar y el papel de los padres en la formación de sus hijos. Entretanto, corresponderá al Ministerio Público investigar los hechos denunciados y determinar si existen elementos para establecer responsabilidades legales.