POLÍTICAS

Tegucigalpa, Honduras.– El expresidente del Congreso Nacional, Luis Rolando Redondo Guifarro, y otros integrantes de la extinta Comisión Permanente quedaron bajo la atención judicial luego de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) confirmara este martes 20 de octubre la recepción de un requerimiento fiscal relacionado con las actuaciones de esa instancia legislativa.

El vocero del Poder Judicial, Melvin Duarte, informó que el documento ingresó a la Secretaría General de la CSJ durante la mañana y que entre los delitos mencionados preliminarmente figura la presunta violación de los deberes de los funcionarios, además de otros ilícitos cuyo detalle todavía no había sido precisado públicamente.

Designan jueza natural

Como parte del procedimiento, fue designada la magistrada Anny Belinda Ochoa para conocer el expediente. No obstante, al momento de las declaraciones del portavoz judicial, el documento aún no había sido trasladado formalmente a su despacho, por lo que permanecían pendientes detalles sobre el alcance de la acusación y las solicitudes planteadas por la Fiscalía.

Debido a que entre los señalados figuran personas que ejercieron funciones legislativas y diputados que actualmente ocupan un escaño en el Congreso Nacional, el caso deberá tramitarse mediante el procedimiento judicial correspondiente a su condición.

Hasta el momento de los reportes publicados este martes, no se había confirmado oficialmente si el Ministerio Público solicitó citaciones para comparecer ante la justicia u órdenes de detención contra los señalados.

¿Qué investiga el Ministerio Público?

El caso tiene como antecedente una investigación iniciada en 2026 sobre las actuaciones de la Comisión Permanente durante el período legislativo 2022-2026.

Entre los hechos bajo investigación figuran decisiones adoptadas en torno a la sesión legislativa del 8 de enero de 2026 y las actuaciones relacionadas con un nuevo conteo de votos y actas electorales, pese a que el Consejo Nacional Electoral ya había concluido el escrutinio y emitido la declaratoria oficial de resultados.

Las diligencias previas incluyeron el análisis técnico de material audiovisual para documentar lo ocurrido durante aquella sesión y determinar la participación de los entonces integrantes de la Comisión Permanente.

La investigación ha contemplado posibles delitos como abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas y otros ilícitos contra la administración pública. Sin embargo, la determinación de los cargos concretos debe establecerse a partir del contenido íntegro del requerimiento fiscal.

Versiones distintas sobre la presentación del requerimiento

La información divulgada generó versiones contradictorias entre fuentes del Poder Judicial y del Ministerio Público.

Mientras Melvin Duarte confirmó que la CSJ recibió el documento, una fuente del Ministerio Público citada por Proceso Digital manifestó que, hasta ese momento, no podía confirmar que se hubiera materializado un requerimiento fiscal contra Redondo y los demás investigados, aunque reconoció que las pesquisas permanecían abiertas desde mayo de este año.

Esta diferencia hace necesario esperar la información oficial sobre el contenido de la acusación, la identidad de todas las personas incluidas y las medidas judiciales que, en su caso, haya solicitado la Fiscalía.

El desarrollo del expediente permitirá conocer los siguientes pasos del proceso y las decisiones que adopte la jueza natural.