POLÍTICA

La Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberá designar una Corte de Apelaciones que conozca los recursos de recusación presentados contra la jueza Anny Ochoa, encargada del proceso penal contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros integrantes de la extinta Comisión Permanente. La decisión surge luego de que la audiencia de declaración de imputados fuera suspendida por cuestionamientos de las defensas sobre la imparcialidad de la funcionaria judicial.

El Ministerio Público presentó el 15 de octubre un requerimiento fiscal contra 14 personas, entre ellas Luis Redondo, 12 exintegrantes de la Comisión Permanente y el exgerente de la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada.

La Fiscalía atribuye a los señalados un total de 21 delitos relacionados con supuestas irregularidades en la conformación y funcionamiento de ese órgano legislativo durante 2025 y las decisiones adoptadas en materia electoral. Entre los hechos investigados figura la aprobación del decreto legislativo 58-2025, vinculado con una orden para revisar y recontar actas de las elecciones generales.

La audiencia programada para el jueves 29 de octubre no pudo desarrollarse debido a que los abogados defensores interpusieron cuatro recursos de recusación contra la jueza Anny Ochoa. Los profesionales del derecho cuestionaron su permanencia en el expediente al considerar que existirían circunstancias que podrían comprometer su imparcialidad.

Entre los argumentos expuestos por la defensa figuran supuestos vínculos de la magistrada con el Partido Nacional y presuntas declaraciones públicas relacionadas con el caso. Estos señalamientos deberán ser examinados por el tribunal de apelaciones que designe el pleno de magistrados de la CSJ.

La resolución será determinante para establecer si Ochoa continúa al frente del proceso o si corresponde apartarla y nombrar otra autoridad judicial. Mientras no se resuelvan las recusaciones, el procedimiento permanecerá a la espera de una nueva disposición para retomar la audiencia.

Durante la jornada judicial, 11 de los 14 imputados comparecieron ante las autoridades, mientras que Luis Redondo, Edis Moncada y la diputada Linda Donaire no acudieron al llamado, según el reporte de la audiencia publicado por medios nacionales.

En cuanto a los señalamientos, Redondo enfrenta acusaciones por presunta perturbación ilícita contra el funcionamiento de las instituciones, usurpación de funciones y dos delitos de violación de los deberes de los funcionarios. A otros integrantes se les atribuyen supuestas irregularidades relacionadas con el ejercicio de funciones públicas y decisiones legislativas.