CSJ concede amparo a Cossette López y ordena archivar denuncias

17 de octubre de 2026
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) concedió un recurso de amparo a Cossette López, actual representante de Honduras ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), y ordenó al Ministerio Público archivar las denuncias relacionadas con señalamientos presentados en su contra durante la crisis política posterior a las elecciones generales de 2025.
La resolución también establece que la Fiscalía debe abstenerse de ejercer acciones de persecución vinculadas con los casos comprendidos en el fallo.
López, quien se desempeñó como consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue objeto de acusaciones durante las controversias que rodearon el proceso electoral hondureño de 2025. Entre los señalamientos figuraban presuntos delitos de traición a la patria, prevaricato administrativo, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios.
Las denuncias se relacionaban con supuestas actuaciones que, según los denunciantes, habrían afectado el orden constitucional y la legitimidad del proceso electoral. El caso se desarrolló en medio de fuertes tensiones políticas entre distintos sectores, con cuestionamientos sobre el funcionamiento de las instituciones electorales y el desarrollo de los comicios.
La decisión judicial incluye tanto las actuaciones impulsadas por el entonces fiscal general, Johel Antonio Zelaya, como la denuncia presentada por el exconsejero del CNE, Marlon Ochoa. Con el amparo concedido, la Sala dispuso que las diligencias comprendidas en la resolución sean archivadas conforme al procedimiento legal correspondiente.
El recurso fue promovido por el abogado Dagoberto Aspra, representante legal de López, quien cuestionó las actuaciones relacionadas con las acusaciones y las investigaciones iniciadas en su contra. La defensa solicitó la protección constitucional frente a las medidas vinculadas con esos señalamientos.
En el caso presentado por Ochoa, el exconsejero electoral sostuvo públicamente que supuestas conversaciones entre López y un dirigente de la bancada del Partido Nacional estarían relacionadas con un presunto plan para desacreditar el proceso electoral de 2025 y generar inestabilidad política después de las votaciones. Estas afirmaciones formaron parte de los argumentos planteados en la denuncia y no deben confundirse con hechos probados judicialmente.
La Sala de lo Constitucional estableció que el Ministerio Público deberá cumplir con lo dispuesto en la resolución, incluyendo el archivo de las denuncias alcanzadas por el amparo y la abstención de acciones de persecución relacionadas con ellas. Asimismo, ordenó realizar las notificaciones correspondientes para que las autoridades involucradas conozcan formalmente el fallo.

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