POLÍTICA

La embajadora de Honduras ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Cossette López-Osorio, hizo un llamado a defender la independencia de las instituciones electorales y el derecho de los ciudadanos a recibir información veraz, al advertir que la desinformación puede convertirse en una herramienta de presión cuando es promovida desde los propios gobiernos.

El planteamiento fue expuesto durante una sesión del Consejo Permanente de la OEA, en la que se discutió una propuesta presentada por Brasil sobre la interferencia y manipulación extranjera de la información. El debate regional abordó los riesgos que representan las campañas de desinformación para la democracia, la libertad de expresión y la confianza en los procesos electorales.

Durante su intervención, López-Osorio consideró que el análisis de la manipulación informativa no debe concentrarse exclusivamente en actores extranjeros o empresas tecnológicas, sino que también debe examinar la responsabilidad que pueden tener las propias autoridades nacionales.

La diplomática señaló que los gobiernos tienen la capacidad de convertirse en generadores o promotores de contenidos engañosos, especialmente cuando utilizan estructuras institucionales o plataformas digitales para desacreditar a organismos electorales y cuestionar su legitimidad.

Uno de los puntos centrales de su exposición fue el concepto de soberanía cognitiva, que, según explicó, no debe entenderse únicamente como una facultad de los Estados, sino también como un derecho de las personas a conocer la verdad y construir sus propias opiniones sin presiones ni manipulaciones.

Asimismo, advirtió que los ataques contra las autoridades electorales pueden afectar directamente la autonomía de estas instituciones y debilitar la confianza ciudadana en los mecanismos democráticos.

López-Osorio planteó ante los representantes de los países miembros de la OEA la necesidad de examinar qué ocurre cuando la información falsa es impulsada desde los mismos gobiernos que tienen la responsabilidad de garantizar la transparencia y proteger los derechos fundamentales.

La representante hondureña también recordó los desafíos que enfrentó durante su etapa como consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), en medio de las tensiones políticas que rodearon el proceso electoral hondureño de 2025.

Su participación se suma a las discusiones regionales sobre la necesidad de establecer mecanismos que permitan combatir la desinformación sin utilizar esa preocupación como justificación para restringir la libertad de expresión o intervenir en la independencia de las instituciones.

La intervención dejó sobre la mesa un debate relevante para las democracias latinoamericanas: garantizar que la lucha contra la manipulación informativa no se convierta en una herramienta de control político y que los ciudadanos mantengan su derecho a informarse libremente.