POLÍTICA

El Congreso Nacional de Honduras trabaja en la elaboración de una nueva iniciativa de ley para prevenir los embarazos en niñas y adolescentes, una problemática que continúa generando preocupación por sus dimensiones y consecuencias sociales. La propuesta busca establecer mecanismos de orientación, prevención y protección, con contenidos educativos adaptados a las diferentes edades de la población estudiantil.

La discusión surge después de que el Poder Legislativo declarara que el Decreto 8-2023, correspondiente a la Ley de Educación Integral de Prevención al Embarazo Adolescente, no cumplió los procedimientos constitucionales para convertirse en una normativa vigente.

La disposición había sido aprobada en 2023, pero recibió un veto presidencial y no obtuvo posteriormente los 86 votos necesarios para su ratificación.

La presidenta de la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor del Congreso Nacional, Alejandra Vallecillo, informó que ya comenzaron los encuentros con instituciones gubernamentales, representantes de organizaciones sociales y autoridades vinculadas a la protección de menores para construir una nueva propuesta.

Entre las primeras reuniones participaron representantes de la Secretaría de Niñez, organizaciones de la sociedad civil y la Fiscalía de la Niñez. La intención es revisar los planteamientos existentes y elaborar un instrumento que permita abordar la prevención desde una perspectiva adecuada para cada etapa del desarrollo.

Las cifras presentadas durante estos encuentros reflejan la magnitud del problema. Según los registros expuestos por la congresista, hasta septiembre de 2025 se contabilizaron 23,194 embarazos en niñas y adolescentes: 1,193 correspondían a menores de entre 10 y 14 años, mientras que 22,001 se registraron en jóvenes de 15 a 19 años.

Vallecillo advirtió que los casos registrados entre niñas menores de 14 años requieren especial atención, debido a su relación con situaciones de violencia sexual y vulnerabilidad. Por ello, la nueva iniciativa contempla fortalecer los mecanismos de denuncia y protección para las menores.

La legisladora también señaló que la propuesta deberá tomar en consideración las recomendaciones de las organizaciones sociales y los materiales educativos disponibles, procurando que la información se imparta de acuerdo con la edad y el nivel académico de los estudiantes, sin reproducir el contenido de la normativa que fue declarada sin validez jurídica.

Desde las organizaciones defensoras de la niñez, el director ejecutivo de Coiproden, Wilmer Vásquez, insistió en que Honduras necesita una legislación que permita coordinar el trabajo de las instituciones públicas, los centros educativos y los sectores sociales para enfrentar esta situación.