POLÍTICAS

El Congreso Nacional espera recibir entre este lunes y martes el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre las reformas propuestas al Código Penal y al Código Procesal Penal, antes de continuar con el proceso de aprobación.

El diputado del Partido Nacional, Marcos Paz, señaló que la respuesta del Poder Judicial será importante para avanzar con la discusión de las modificaciones orientadas a combatir la delincuencia y el crimen organizado.

Las reformas fueron impulsadas en el Legislativo con el propósito de endurecer las medidas contra las maras, pandillas y otras estructuras criminales. Debido a que las propuestas modifican dos instrumentos fundamentales de la legislación hondureña, el Congreso solicitó la opinión de la CSJ para conocer sus implicaciones jurídicas antes de continuar con el trámite parlamentario.

La expectativa de los diputados es que, una vez recibido el documento, pueda trasladarse a las instancias legislativas correspondientes para su análisis y posterior discusión. El objetivo es agilizar el procedimiento sin dejar de considerar las observaciones jurídicas que formule el máximo tribunal de justicia.

Entre los cambios planteados figuran modificaciones a los procedimientos de allanamiento en determinadas circunstancias, la ampliación de 24 a 48 horas del plazo para presentar un requerimiento fiscal después de una captura y restricciones a beneficios penitenciarios para personas condenadas por delitos vinculados con el terrorismo.

Las propuestas también buscan reforzar los mecanismos legales para enfrentar a las organizaciones criminales y establecer mayores limitaciones al acceso a medidas de libertad anticipada para determinados condenados.

Por su parte, el presidente de la CSJ, Wagner Vallecillo, informó que el pleno de magistrados conocería el criterio elaborado por la Sala de lo Penal para remitirlo al Congreso. El propósito es que los legisladores cuenten con una valoración técnica sobre los posibles efectos de las modificaciones en el sistema de justicia.

Sin embargo, el pronunciamiento judicial tendrá carácter ilustrativo y no será obligatorio para los diputados. Esto significa que el Congreso podrá decidir cuáles observaciones incorpora durante el análisis de las iniciativas, dentro del procedimiento legislativo correspondiente.

La recepción de este criterio representa un paso previo para definir el futuro de las reformas.

Una vez cumplida esa etapa, los diputados deberán determinar cuándo discutirán las propuestas y si cuentan con el respaldo necesario para aprobarlas.

El debate se mantiene centrado en cómo fortalecer la respuesta del Estado ante el crimen organizado sin afectar las garantías constitucionales ni el debido proceso. La aprobación definitiva dependerá del desarrollo de la discusión legislativa y de las decisiones que adopte el pleno del Congreso Nacional.