POLÍTICA

El Congreso Nacional de Honduras aprobó un paquete de reformas legales que eleva las penas de prisión para integrantes y cabecillas de estructuras criminales, con condenas que pueden llegar hasta la privación de libertad de por vida. La normativa también introduce cambios en los procedimientos de investigación penal y amplía las facultades de los organismos de seguridad.

Las reformas forman parte de las medidas impulsadas por el Poder Legislativo para reforzar la respuesta del Estado frente a las maras, pandillas y organizaciones catalogadas como asociaciones terroristas. La iniciativa modifica disposiciones del Código Penal, el Código Procesal Penal y la legislación penitenciaria, con el propósito de endurecer las sanciones y facilitar las actuaciones de las instituciones encargadas de combatir el crimen organizado.

La nueva legislación establece penas de entre 30 y 40 años de prisión para los integrantes de asociaciones terroristas. En el caso de sus cabecillas, directivos, promotores y financistas, las condenas pueden alcanzar la prisión perpetua, de acuerdo con las disposiciones aprobadas por los diputados. Las sanciones más severas también contemplan a quienes recluten menores de edad para incorporarlos a estas estructuras criminales.

Entre los cambios procesales figura la ampliación de 24 a 48 horas del plazo para presentar requerimientos fiscales en determinados casos vinculados con estos delitos. Asimismo, se incorporan disposiciones que permiten realizar allanamientos sin orden judicial previa en operaciones interinstitucionales bajo las condiciones establecidas en la normativa.

Otro aspecto de la reforma aborda la identificación de símbolos, tatuajes y grafitis relacionados con organizaciones criminales. Estas señales podrán formar parte de los elementos utilizados en las investigaciones, conforme a las disposiciones legales aplicables y los procedimientos correspondientes.

El paquete legislativo también incorpora medidas para reforzar el control dentro de los centros penitenciarios y sancionar a los reclusos que incumplan las normas disciplinarias. Las disposiciones buscan fortalecer la seguridad en los módulos de máxima seguridad y limitar las actividades que puedan facilitar la comunicación o coordinación de delitos desde las cárceles.

La aprobación contó con el respaldo de 118 diputados, mientras que 10 legisladores se abstuvieron, según los reportes publicados tras la sesión del Congreso Nacional. Las nuevas disposiciones amplían las herramientas legales de las instituciones de seguridad y justicia, mientras su aplicación deberá desarrollarse conforme al marco jurídico vigente.