Congreso buscará derogar norma sobre demandas contra el Estado
12 de octubre de 2026
Tegucigalpa, Honduras. El Congreso Nacional se prepara para abrir un nuevo debate sobre las reglas que rigen las demandas económicas contra el Estado, luego de que el diputado nacionalista Jack Uriarte anunciara que el titular del Poder Legislativo, Tomás Zambrano, presentará una iniciativa para derogar el artículo 95-A de las disposiciones generales del Presupuesto.
La propuesta surge pocos días después de que la normativa entrara en vigor, el 1 de octubre de 2026. Según declaraciones de Uriarte, Zambrano se comprometió a presentar personalmente la iniciativa este lunes 12 de octubre.
¿Qué establece el artículo 95-A?
La disposición, incorporada mediante el Decreto 212-2026 y publicada en el diario oficial La Gaceta el 30 de septiembre, obliga a las instituciones públicas involucradas en procesos judiciales, arbitrales o administrativos de contenido económico a agotar una conciliación antes de continuar con recursos o instancias posteriores, una vez emitida una resolución de primera instancia o reconocida una deuda.
El procedimiento debe promoverse y desarrollarse en un plazo máximo de 45 días calendario. Además, contempla la posibilidad de alcanzar acuerdos por montos de hasta un 20 % menos que la cuantía establecida en la resolución de primera instancia, así como planes de pago de hasta tres años.
La norma también prohíbe el pago de intereses dentro de las conciliaciones y establece que los acuerdos deben considerar la disponibilidad presupuestaria de las instituciones involucradas.
Cuestionamientos por sus efectos en los demandantes
Uriarte sostuvo que la disposición está afectando a personas que mantienen procesos contra el Estado, particularmente en casos relacionados con obligaciones económicas y reclamos laborales. Por esa razón, afirmó que existe un compromiso para impulsar su eliminación.
La discusión gira en torno a cómo equilibrar la protección de los recursos públicos con los derechos de quienes han acudido a los tribunales para reclamar pagos u otras obligaciones a cargo de instituciones estatales.
La derogación anunciada todavía no constituye un hecho consumado. Para que el artículo deje de tener vigencia, la iniciativa deberá ser presentada formalmente, discutida y aprobada conforme al procedimiento legislativo correspondiente.
La disposición continúa vigente
Mientras el Congreso no apruebe una derogación y esta cumpla los requisitos legales para entrar en vigor, el artículo 95-A continúa formando parte de las disposiciones presupuestarias vigentes.
El debate legislativo será clave para determinar si se mantiene el mecanismo de conciliación obligatoria o si se modifica el procedimiento para atender las demandas económicas contra el Estado hondureño.
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