POLÍTICAS

La Comisión de Educación del Congreso Nacional anunció una reunión de urgencia con las autoridades de Seguridad y Educación para analizar la violencia que se registra en algunos centros educativos del país. La convocatoria surge después de que se difundiera un video sobre la agresión física de una estudiante contra otra dentro de un centro escolar de Tegucigalpa, hecho que provocó preocupación entre la población y una respuesta de las autoridades.

El caso volvió a colocar en el centro del debate la seguridad dentro de los centros educativos y la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, supervisión y atención de situaciones de violencia entre estudiantes.

La problemática, sin embargo, va más allá de las peleas escolares. Autoridades también han advertido sobre riesgos como la extorsión, la trata de personas y el reclutamiento de menores por estructuras criminales, situaciones que pueden poner en peligro a las comunidades educativas y afectar la continuidad de las actividades escolares.

El presidente de la Comisión de Educación del Congreso Nacional, Arnold Burgos, anunció la convocatoria a los titulares de las secretarías de Educación y Seguridad para abordar de manera conjunta los problemas de violencia que afectan a los centros educativos.

El legislador planteó la necesidad de actuar antes de que este tipo de situaciones se agrave y señaló que la protección de niños y jóvenes debe convertirse en una prioridad para las instituciones responsables de garantizar su seguridad.

Tras la difusión del video de la agresión, la Policía Nacional inició actuaciones de oficio y desplazó equipos especializados para investigar lo ocurrido. Las diligencias se desarrollan en coordinación con la Fiscalía de la Niñez.

Las autoridades también mantienen seguimiento sobre la condición de salud de la estudiante agredida, quien permanece hospitalizada. Al mismo tiempo, se analiza la conducta de otros alumnos que presenciaron y grabaron el ataque sin intervenir para detenerlo o solicitar ayuda.

El director de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Rolando Ponce, señaló que el caso será sometido al procedimiento correspondiente, tomando en cuenta el régimen especial de responsabilidad aplicable a los menores de edad.

Además de las agresiones entre estudiantes, las autoridades identifican amenazas externas que pueden afectar a los centros educativos. Entre ellas figuran la extorsión, la trata de personas y el posible reclutamiento de menores por organizaciones criminales, problemas que incluso han llevado al cierre o traslado de algunos establecimientos, según lo expuesto ante la Comisión de Educación.