POLÍTICAS

El Congreso Nacional archivó la petición ciudadana que buscaba impulsar un juicio político contra diputados, luego de que la verificación realizada por el Registro Nacional de las Personas (RNP) determinara que las firmas presentadas no alcanzaban el mínimo válido requerido por la legislación hondureña.

La iniciativa fue promovida por organizaciones campesinas, indígenas y otros sectores ciudadanos en rechazo a la aprobación del Decreto 107-2026, relacionado con la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial. La solicitud había sido respaldada inicialmente con más de 14 mil firmas y fue remitida al RNP para comprobar la autenticidad de los registros.

Durante la revisión, el RNP encontró que una cantidad considerable de los registros entregados no pudo ser validada mediante la información de identidad y las huellas dactilares de los ciudadanos que aparecían como firmantes.

De acuerdo con el informe presentado ante el Congreso, de 14,477 registros solamente 1,710 cumplieron con los criterios de validación biométrica. Además, se identificaron 11,281 registros sin coincidencia, mientras que otros presentaban números de identidad repetidos o información que no podía ser procesada correctamente.

La legislación establece que una iniciativa ciudadana de esta naturaleza debe contar con al menos 3,000 respaldos debidamente comprobados para continuar con el procedimiento correspondiente. Al no alcanzarse esa cantidad de firmas válidas, la solicitud quedó sin los requisitos necesarios para avanzar.

La petición había generado atención política debido a que buscaba someter a juicio político a integrantes de la junta directiva y a más de 80 parlamentarios de distintas bancadas, en relación con la aprobación de la normativa agroindustrial.

Con la decisión de archivar el expediente, el Congreso dio por concluido el trámite de esta iniciativa ciudadana al considerar que no cumplió con las condiciones establecidas para este tipo de procedimientos.

El caso también pone nuevamente en discusión los mecanismos de participación ciudadana y los controles de autenticidad que deben aplicarse a las firmas antes de que una propuesta pueda ser sometida al trámite legislativo.

Por ahora, la petición no continuará hacia una eventual etapa de juicio político, debido a que el respaldo ciudadano validado por el organismo registral quedó por debajo del mínimo exigido por la ley.