POLÍTICA

El Congreso Nacional de Honduras declaró que la Ley de Educación Integral para la Prevención del Embarazo Adolescente no cumplió los requisitos constitucionales para adquirir vigencia legal, debido a que no fue ratificada después de recibir un veto presidencial en 2023. La decisión fue adoptada durante la sesión legislativa del miércoles 28 de octubre de 2026.

La normativa, contenida en el Decreto Legislativo 8-2023, fue aprobada por el Congreso el 8 de marzo de 2023 y devuelta por el Poder Ejecutivo el 17 de marzo de ese año. Según el procedimiento constitucional, para superar el veto se requería una nueva votación con el respaldo de al menos 86 diputados, trámite del que no existe constancia.

Pese a ello, el texto apareció publicado en el diario oficial La Gaceta en enero de 2026, lo que generó cuestionamientos sobre la legalidad de su publicación y el procedimiento seguido para su divulgación.

La resolución del Legislativo establece que la publicación en La Gaceta no sustituye la ratificación parlamentaria exigida por la Constitución. Por esa razón, el Congreso determinó que el decreto no puede considerarse una ley válidamente aprobada ni adquirir vigencia jurídica mediante su publicación oficial.

La decisión se centra en el cumplimiento de los requisitos formales para la creación de leyes y no resuelve por sí misma todas las controversias que puedan derivarse del caso. Cualquier disputa jurídica adicional deberá ser atendida por las instancias competentes, de acuerdo con sus atribuciones.

Como parte de las medidas acordadas, la Secretaría del Congreso Nacional y la Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) deberán recopilar y remitir al Ministerio Público la documentación relacionada con el trámite del decreto y su posterior publicación.

El expediente incluirá comunicaciones oficiales, oficios, certificaciones y registros físicos o electrónicos que permitan reconstruir el recorrido del documento desde su devolución por el Ejecutivo hasta su aparición en el diario oficial. Con estos antecedentes, el Ministerio Público podrá evaluar si existen elementos para abrir investigaciones o emprender otras acciones legales.

La ley tenía como propósito establecer lineamientos de educación integral para prevenir los embarazos en niñas y adolescentes dentro del sistema educativo hondureño. Su tramitación generó diferencias políticas y sociales desde su aprobación, especialmente por los contenidos educativos contemplados y el papel de las instituciones públicas en su implementación.

Con esta resolución, el Congreso busca aclarar la situación jurídica del decreto y facilitar la revisión de los hechos relacionados con su publicación. La determinación de posibles responsabilidades dependerá de las investigaciones que desarrollen las autoridades correspondientes.