POLÍTICAS

El Congreso Nacional estudia cambios al sistema de justicia juvenil que permitirían aumentar hasta 20 años las penas de internamiento para adolescentes que cometan delitos graves o establecer mecanismos para que determinados menores sean procesados como adultos.

Las propuestas forman parte de las medidas que impulsa el Legislativo para combatir a las maras, pandillas y estructuras criminales que operan en Honduras.

La discusión se intensificó después de que una delegación de diputados hondureños visitara El Salvador para conocer el modelo de seguridad impulsado por el presidente Nayib Bukele. El acercamiento busca identificar medidas que puedan adaptarse a la realidad hondureña, en medio de los esfuerzos oficiales por endurecer las acciones contra el crimen organizado.

Actualmente, la legislación hondureña establece un máximo de ocho años de internamiento para adolescentes infractores. Las alternativas planteadas han generado debate sobre la efectividad de aumentar las sanciones y las implicaciones que tendría modificar las normas nacionales y los compromisos internacionales de protección de la niñez.

El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, confirmó que existen dos posibles rutas para reformar el sistema de justicia juvenil. La primera contempla elevar las sanciones hasta 12 o 20 años, dependiendo de los delitos cometidos y de los cambios que finalmente se acuerden en el Legislativo.

Esta alternativa también plantea que los adolescentes permanezcan en centros especializados mientras sean menores de edad y que, al cumplir los 18 años, puedan continuar el tiempo restante de su condena en módulos de máxima seguridad destinados a adultos, bajo las condiciones que establezca la legislación.

La segunda opción consiste en modificar las disposiciones sobre la edad de responsabilidad penal para que ciertos menores puedan ser juzgados como adultos. Sin embargo, esta posibilidad requeriría revisar las obligaciones internacionales asumidas por Honduras en materia de derechos humanos y protección de la niñez.

Zambrano argumentó que las autoridades deben anticiparse al riesgo de que las organizaciones criminales recurran con mayor frecuencia a menores de edad para cometer delitos, especialmente ante el endurecimiento de las medidas contra sus integrantes. Por ello, considera necesario revisar las normas vigentes y determinar qué mecanismos legales permitirían responder a esa situación.

No obstante, la propuesta también ha recibido cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos de la infancia. Wilmer Velásquez, director ejecutivo de la Red de Instituciones por los Derechos de la Niñez (COIPRODEN), advirtió que endurecer las penas o juzgar a adolescentes como adultos no necesariamente resolverá los problemas de inseguridad.