POLÍTICA

El Congreso Nacional aprobó un mecanismo legal para acelerar el traslado de los recursos financieros incautados que permanecen bajo administración de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI), con el objetivo de facilitar su distribución entre las instituciones responsables de la seguridad, investigación y administración de justicia en Honduras.

La decisión complementa las reformas a la Ley sobre Privación Definitiva del Dominio de Bienes de Origen Ilícito, que permiten utilizar anticipadamente recursos financieros incautados a estructuras criminales, aun cuando los procesos judiciales no hayan concluido con una sentencia definitiva.

La normativa también contempla mecanismos para restituir el dinero si los tribunales determinan que pertenece legítimamente a sus propietarios.

La aprobación se produjo durante la sesión legislativa del jueves 5, mediante un decreto que establece la centralización temporal de los activos financieros incautados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), como paso previo a su transferencia hacia las instituciones beneficiarias.

La iniciativa fue remitida por el Poder Ejecutivo y recibió el respaldo del pleno legislativo con dispensa de debate, a solicitud de la vicepresidenta del Congreso, Tania Pinto.

Entre las entidades que podrán recibir estos recursos figuran las secretarías de Defensa y Seguridad, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la OABI, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación y la Agencia Nacional Contra el Crimen.

El decreto comprende dinero en efectivo, depósitos bancarios, títulos valores, inversiones e intereses financieros bajo custodia de la OABI. La Secretaría de Finanzas, en coordinación con las instituciones correspondientes, tendrá un plazo de 30 días después de la entrada en vigencia de la normativa para ejecutar las transferencias.

Las instituciones beneficiarias podrán utilizar procedimientos de contratación directa para adquirir equipos, bienes y servicios necesarios para sus operaciones, aunque deberán cumplir con las obligaciones de fiscalización y rendición de cuentas.

Durante la discusión legislativa surgieron cuestionamientos sobre el uso de recursos vinculados a procesos judiciales todavía pendientes. El diputado Marco Ramiro Lobo pidió considerar la presunción de inocencia y proteger los derechos de las personas involucradas.

Ante estas observaciones, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, aseguró que el mecanismo contempla la restitución de los fondos cuando exista una resolución judicial favorable a sus propietarios, estableciendo un plazo de tres meses para cumplir con esa obligación.

Una de las excepciones contempladas corresponde al dinero incautado en el caso de Koriun Inversiones, cuyos recursos no podrán incorporarse al mecanismo de utilización anticipada.