POLÍTICAS

El eventual regreso a Honduras del expresidente Juan Orlando Hernández ha generado nuevas reacciones en distintos sectores del país. El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) sostuvo que su retorno representará una oportunidad para medir la capacidad e independencia de las instituciones encargadas de impartir justicia, al recordar que aún existen investigaciones y procesos relacionados con hechos ocurridos durante su administración.

Juan Orlando Hernández anunció su intención de regresar a Honduras luego de haber sido indultado en Estados Unidos. Sin embargo, el perdón otorgado en ese país no tiene efectos sobre las causas judiciales abiertas en territorio hondureño, donde continúan vigentes expedientes relacionados con presuntos delitos de corrupción y manejo irregular de recursos públicos.

El Consejo Nacional Anticorrupción manifestó que el retorno del exmandatario trasciende el ámbito político y representa un desafío para el sistema judicial hondureño.

La organización señaló que este momento permitirá conocer si las instituciones actuarán con independencia y apego a la ley, sin importar la posición o el poder que haya ejercido la persona investigada.

La directora del CNA, Gabriela Castellanos, afirmó que el regreso de Hernández no debe interpretarse como el cierre de los cuestionamientos que han rodeado su gestión, ya que persisten investigaciones vinculadas a diferentes casos de presunta corrupción. En ese sentido, enfatizó que la sociedad espera respuestas claras y decisiones fundamentadas en el marco jurídico vigente.

El organismo anticorrupción recordó que entre los expedientes que continúan siendo objeto de atención pública figuran investigaciones relacionadas con el caso Pandora II, el manejo de fondos de la Tasa de Seguridad y otras actuaciones desarrolladas durante la administración anterior. A criterio del CNA, estos procesos deberán seguir su curso conforme a derecho, independientemente de los acontecimientos registrados en el extranjero.

Asimismo, la organización hizo un llamado para que las autoridades judiciales y los entes de investigación actúen con transparencia y garanticen el debido proceso. Consideró que este caso puede convertirse en un referente sobre el compromiso del Estado con el combate a la corrupción y el fortalecimiento de la institucionalidad democrática, especialmente en un momento de alta atención pública.

Finalmente, el CNA sostuvo que el desenlace de este proceso será observado tanto dentro como fuera del país, al considerar que las decisiones que adopten las instituciones hondureñas influirán en la percepción sobre la fortaleza del Estado de derecho. La organización reiteró que la aplicación de la ley debe ser igual para todos los ciudadanos, sin excepciones, y que este episodio marcará un precedente para la confianza de la población en el sistema de justicia.