POLÍTICAS

La investigación judicial contra el expresidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y otros 11 exintegrantes de la Comisión Permanente avanzó a una nueva etapa luego de que la jueza natural que conoce el expediente concediera al Ministerio Público (MP) un plazo de cinco días para precisar los alcances de una pericia de carácter cibernético.

La diligencia busca establecer, mediante elementos técnicos y científicos, quiénes participaron en una sesión legislativa relacionada con la aprobación del Decreto 58-2025. El MP deberá presentar una delimitación concreta de los aspectos que pretende demostrar mediante el análisis.

El caso involucra a Redondo y a 11 exmiembros de la Comisión Permanente, quienes son investigados por su presunta participación en actuaciones que, según la Fiscalía, habrían excedido las atribuciones correspondientes a ese órgano legislativo.

Las acusaciones planteadas incluyen los presuntos delitos de abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, usurpación de funciones públicas y traición a la patria. Estos señalamientos forman parte de una investigación cuya responsabilidad deberá determinarse conforme avance el proceso judicial.

El análisis solicitado por la Fiscalía tiene un componente tecnológico y pretende identificar a las personas que intervinieron en la sesión en la que se emitió el Decreto 58-2025, particularmente quienes actuaban como integrantes de la Junta Directiva y de la Comisión Permanente.

Para desarrollar el estudio, el MP cuenta con información entregada oficialmente por el Congreso Nacional. Entre los elementos proporcionados figura un dispositivo USB que contiene registros de las sesiones legislativas, material que será utilizado como insumo para el análisis técnico.

La decisión judicial no implica todavía una conclusión sobre la responsabilidad de los señalados.

El requerimiento de la jueza está dirigido a que la Fiscalía establezca con mayor precisión qué pretende examinar, cuáles serán los alcances de la pericia y qué elementos técnicos espera obtener.

Una vez cumplido el plazo de cinco días, el Ministerio Público deberá entregar la delimitación solicitada para que el procedimiento pueda continuar dentro de los parámetros establecidos por la autoridad judicial.

El MP ha sostenido que continuará con las diligencias relacionadas con el caso y que las actuaciones deben desarrollarse respetando las garantías del debido proceso.

Mientras tanto, la defensa de los exintegrantes de la Comisión Permanente tendrá que esperar el resultado de esta etapa para conocer con mayor precisión el alcance de la prueba técnica solicitada por la Fiscalía.