POLÍTICA

A nueve meses de haber asumido la Presidencia de Honduras, el gobierno de Nasry Asfura enfrenta cuestionamientos por la falta de avances significativos en problemas como el desempleo, la inseguridad, la crisis del sistema sanitario y las dificultades financieras del sector energético. En un análisis publicado este 27 de octubre, la académica Julieta Castellanos advierte que las dificultades estructurales del país continúan sin mostrar mejoras claras y que algunas decisiones gubernamentales podrían agravar las condiciones de vida de la población.

Desde su toma de posesión, el 27 de enero de 2026, la administración de Asfura ha tenido que responder tanto a problemas históricos como a situaciones coyunturales que presionan la economía y los servicios públicos. Entre los desafíos señalados figuran el alto costo de vida, la falta de oportunidades laborales, las dificultades en el abastecimiento de agua, el encarecimiento de los combustibles y las consecuencias de la finalización del Estatus de Protección Temporal (TPS) para miles de hondureños en Estados Unidos.

En su evaluación, Castellanos sostiene que la gestión pública debe medirse no solamente por las decisiones políticas anunciadas, sino también por su capacidad para garantizar derechos, fortalecer las instituciones y ofrecer soluciones concretas a las necesidades de los ciudadanos.

Uno de los principales cuestionamientos se centra en el empleo. La analista considera que la Ley de Empleo Parcial no ha cumplido las expectativas con las que fue promovida, al señalar que su aplicación habría generado menos de 200 puestos de trabajo. A su juicio, la falta de nuevas medidas para ampliar las oportunidades laborales mantiene a numerosos hondureños en condiciones de vulnerabilidad y alimenta la búsqueda de alternativas fuera del país.

En el sector energético, Castellanos pone en duda la efectividad de las medidas adoptadas para enfrentar la situación financiera de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE). Según los datos que cita en su análisis, la estatal ha recurrido a la emisión de bonos para cubrir parte de las obligaciones pendientes con las empresas generadoras, mientras continúa enfrentando pérdidas superiores al 35 % de la energía producida. También cuestiona el congelamiento de las tarifas eléctricas hasta diciembre de 2026, al considerar que esta disposición no resuelve las causas de fondo de la crisis y podría trasladar nuevos costos a las finanzas públicas.

La seguridad ciudadana constituye otro de los puntos centrales de la evaluación. Castellanos cuestiona que las iniciativas legislativas se concentren principalmente en los operadores directos de actividades criminales, sin abordar con igual intensidad las estructuras que financian y organizan esos delitos. En ese sentido, relaciona la persistencia de la violencia con la exclusión social, la corrupción y la falta de oportunidades para los jóvenes. Como referencia, menciona estimaciones del Instituto Nacional de Estadística que sitúan entre 937,588 y 960,000 los jóvenes de 12 a 30 años que no estudian ni trabajan.

La académica también expresa preocupación por las propuestas de endurecimiento de las facultades policiales, especialmente aquellas que permitirían realizar allanamientos y capturas sin una orden judicial. Considera que estas medidas pueden debilitar las garantías ciudadanas si no existen controles institucionales suficientes. Asimismo, plantea interrogantes sobre casos de agentes policiales señalados por presuntas irregularidades, al advertir que la lucha contra el crimen requiere instituciones confiables, mecanismos de supervisión y respeto al debido proceso.

En materia sanitaria, el análisis critica la prolongada paralización de servicios públicos durante las protestas del gremio médico. De acuerdo con las cifras citadas por Castellanos, siete semanas de suspensión de labores dejaron alrededor de 1,500 cirugías y 52,000 consultas pendientes de atención. La situación, señala, golpeó especialmente a los pacientes que dependen exclusivamente de los hospitales y centros de salud estatales, mientras persisten interrogantes sobre los pagos al personal, la administración presupuestaria y la capacidad de respuesta de las autoridades.

Castellanos sostiene que las dificultades del sistema de salud no pueden examinarse únicamente desde el conflicto entre las autoridades y los profesionales médicos, sino también desde las consecuencias que enfrentan los ciudadanos que quedan sin atención. Por ello, plantea la necesidad de mayor transparencia en el manejo de los recursos públicos y de soluciones que permitan restablecer los servicios sin prolongar el perjuicio a los sectores de menores ingresos.

Finalmente, la analista considera que Honduras necesita medidas inmediatas para atender las necesidades más urgentes, acompañadas de políticas públicas que permitan corregir los problemas estructurales en el mediano y largo plazo. Su evaluación concluye con un llamado a priorizar los resultados verificables por encima de la publicidad política y las iniciativas que no se traducen en mejoras concretas para la población.

A nueve meses del inicio de la administración de Asfura, el desafío central, según el análisis, consiste en demostrar avances en empleo, seguridad, energía y salud, al tiempo que se garantiza el respeto a los derechos ciudadanos y el uso transparente de los recursos estatales.