POLÍTICAS

Las instancias legislativas del Congreso Nacional dieron inicio formal a las mesas de socialización orientadas a discutir una reforma integral destinada a reducir la edad punible en el sistema penal del país y endurecer las sanciones aplicables a menores de edad involucrados en actividades ilícitas de alto impacto.

Este debate legislativo se inserta en un contexto de creciente presión social por frenar la criminalidad organizada y la participación de adolescentes en delitos graves.

Diversos sectores de seguridad ciudadana han exigido una revisión de los marcos jurídicos vigentes para evitar que estructuras delictivas continúen instrumentalizando a menores de 18 años, aprovechando la protección que otorgan las leyes actuales de menores infractores y las limitaciones en los regímenes de castigo vigentes.

Durante la apertura de las jornadas de diálogo, la Comisión de Familia, Niñez, Juventud y Adulto Mayor encabezó una serie de reuniones técnicas con representantes de distintas instituciones clave del Estado y organizaciones sociales, entre las que figuraron la Defensa Pública, el Ministerio Público, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), plataformas de protección infantil y la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (Senaf).

Estos encuentros tienen como propósito recopilar valoraciones técnicas, conocer posturas encontradas y evaluar el impacto jurídico de modificar los umbrales de imputabilidad penal.

La diputada Alejandra Vallecillo, presidenta de la comisión encargada del proceso, destacó que la apertura al debate busca enriquecer el anteproyecto de ley antes de la emisión del dictamen definitivo.

Señaló que el objetivo central es sopesar las medidas de seguridad ciudadana propuestas por el Poder Legislativo frente a las garantías de derechos humanos, asegurando que se escuchen las perspectivas de todas las partes involucradas en la administración de justicia penal juvenil.

Asimismo, las deliberaciones contemplan analizar la viabilidad de incrementar los años de reclusión en los centros correccionales especializados, buscando establecer un marco sancionador más severo y disuasivo.

Las autoridades legislativas reiteraron que el análisis continuará en las próximas semanas mediante la integración de más sectores especializados, con miras a construir una normativa que responda de manera firme al fenómeno de la criminalidad juvenil sin contravenir los tratados internacionales ratificados por el Estado.