Gobierno prorroga subsidios a gas, energía y combustibles hasta abril
30 de enero de 2026
El Gobierno de Honduras anunció una extensión de los subsidios al gas licuado de petróleo (LPG), la energía eléctrica y los combustibles hasta el 30 de abril de 2026, con el propósito de mitigar el impacto del alza en precios internacionales sobre los hogares y la economía nacional.
El secretario de Comunicaciones, José Augusto Argueta, informó que el Ejecutivo firmó varios decretos ejecutivos con efecto inmediato que mantienen congelados los costos del gas doméstico y evitan aumentos en las tarifas de luz para usuarios residenciales con consumos de hasta 150 kilovatios hora al mes, beneficiando a familias de menores ingresos.
Además de los subsidios al LPG y a la electricidad, los decretos también ratifican la continuidad del apoyo a los combustibles, como la gasolina regular y el diésel, frente a las fluctuaciones del mercado internacional, con el objetivo de preservar el poder adquisitivo de los consumidores y reducir presiones inflacionarias.
La medida se produce tras el vencimiento de las disposiciones previas a finales de enero, lo que generó cierta preocupación entre hogares y negocios que dependen del gas doméstico para la preparación de alimentos y de los combustibles en sus operaciones diarias.
Con la prórroga aprobada, el Gobierno busca dar certidumbre económica durante los próximos meses, mientras monitoriza la evolución de los precios globales de la energía.
El subsidio eléctrico se aplicará principalmente a los usuarios residenciales de bajo consumo, quienes seguirán disfrutando de tarifas sin aumentos bajo el esquema vigente, y el apoyo al gas LPG busca mantener el precio estable del cilindro doméstico en un contexto donde las oscilaciones de precios internacionales podrían trasladarse al mercado interno.
Analistas señalan que estas políticas de alivio fiscal representan un esfuerzo considerable para proteger la economía familiar, aunque también implican una carga presupuestaria significativa para las finanzas públicas, que deben equilibrar el gasto social con otros compromisos económicos.