Congreso prevé aprobar presupuesto 2026 la próxima semana

El Congreso Nacional se prepara para dar luz verde al Presupuesto General de la República correspondiente al ejercicio fiscal 2026, cuya aprobación está prevista para la próxima semana, según declaraciones de diputados que siguen de cerca el proceso legislativo.

De acuerdo con lo adelantado por sectores políticos, el dictamen ya se encuentra en fase final de discusión y se espera que sea sometido al pleno legislativo en los próximos días. La propuesta contempla un monto cercano a los 444 mil millones de lempiras, cifra que refleja un incremento moderado respecto al presupuesto vigente del año anterior.

Entre los elementos que acompañan el debate figura una iniciativa orientada a reducir gastos del Estado, como la eventual venta del avión presidencial, medida que, según algunos diputados, permitiría disminuir costos operativos y optimizar el uso de recursos públicos.

Asimismo, distintas instituciones gubernamentales mantienen expectativa sobre la aprobación del instrumento financiero, ya que varias dependencias continúan operando con fondos prorrogados del presupuesto 2025, lo que limita la ejecución de nuevos proyectos y programas.

El Presupuesto General es la principal herramienta de planificación económica del Estado, ya que define la distribución de recursos para áreas clave como salud, educación, seguridad e infraestructura. Su aprobación suele generar debate político debido a la asignación de fondos y prioridades gubernamentales.

En el caso del presupuesto 2026, el documento ha pasado por un proceso de ajustes técnicos impulsados por la Secretaría de Finanzas, con el objetivo de adecuarlo a la realidad fiscal del país y evitar proyecciones infladas.

Además, el retraso en su aprobación responde en parte a cambios administrativos recientes y a la necesidad de reformular cifras tras el inicio de un nuevo período gubernamental, lo que ha obligado a revisar ingresos, egresos y prioridades de inversión pública.

Con su eventual aprobación, el Gobierno busca garantizar la operatividad de las instituciones estatales y encaminar la ejecución de proyectos estratégicos para 2026, en medio de un entorno económico que exige mayor control del gasto y eficiencia en la gestión pública.