ECONOMÍA

Honduras podría iniciar la negociación de un nuevo programa económico con el Fondo Monetario Internacional (FMI) a partir de 2027, una vez concluida la última evaluación del acuerdo vigente. Así lo planteó Santiago Herrera, representante del departamento de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), quien considera que mantener la relación con el organismo internacional será importante para preservar la estabilidad financiera y facilitar el acceso a nuevos recursos.

El país se encuentra en la sexta y última revisión del programa económico suscrito en 2023, que contempla financiamiento cercano a los 847 millones de dólares. La evaluación actual examina el cumplimiento de compromisos fiscales, monetarios y relacionados con el sector eléctrico. Una aprobación favorable podría habilitar un desembolso pendiente de aproximadamente 120 millones de dólares.

Herrera calificó como determinante la visita de la misión técnica del FMI, debido a que sus conclusiones permitirán conocer el desempeño de la economía hondureña y establecer las condiciones para una eventual nueva etapa de cooperación financiera.

El representante empresarial explicó que, si Honduras supera satisfactoriamente la revisión y recibe el visto bueno del directorio del organismo, podría avanzar hacia un acuerdo de aproximadamente tres años, con vigencia a partir de 2027.

Este nuevo programa supondría la posibilidad de obtener financiamiento adicional, pero también implicaría asumir compromisos relacionados con la disciplina fiscal, el control del gasto público y la implementación de reformas económicas.

El economista advirtió que Honduras todavía enfrenta dificultades importantes en sus finanzas públicas, particularmente por la situación de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), cuyas pérdidas continúan representando una presión para el Estado.

También señaló que el Gobierno mantiene obligaciones superiores a los 25,000 millones de lempiras en notas de crédito, además de una deuda flotante que supera esa misma cantidad. Estos compromisos afectan la liquidez de empresas privadas que prestaron servicios al sector público y todavía esperan recibir sus pagos.

Otro aspecto que genera preocupación es la distribución de los ingresos tributarios, ya que cerca del 90 % de la recaudación se destina al gasto corriente y al servicio de la deuda. Esta situación reduce el margen financiero disponible para desarrollar infraestructura e impulsar proyectos de inversión productiva.

Herrera consideró que mantener un programa con el FMI puede contribuir a fortalecer la confianza de los inversionistas internacionales, mejorar la percepción de riesgo del país y facilitar el acceso a financiamiento externo en condiciones más favorables.