ECONOMÍA

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) destacó los alcances de la Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, una normativa orientada a fortalecer los mecanismos de control financiero, prevenir el lavado de activos y mejorar la identificación de las personas que ejercen el control efectivo de empresas y otras estructuras jurídicas en Honduras.

La nueva legislación forma parte de los esfuerzos del país para adecuar su marco legal a los estándares internacionales en materia de transparencia y prevención de delitos financieros.

Entre sus principales objetivos está la creación de un Registro Centralizado de Beneficiarios Finales, administrado por la CNBS, que permitirá identificar a las personas naturales que, de manera directa o indirecta, poseen o controlan sociedades, fideicomisos y otras entidades jurídicas que operan en Honduras.

Las autoridades de la CNBS señalaron que la implementación de esta ley representa un paso importante para fortalecer la integridad del sistema financiero hondureño y aumentar la capacidad del Estado para prevenir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo, la corrupción y otros delitos económicos.

El nuevo marco legal establece la creación de una base de datos especializada que recopilará información sobre los beneficiarios finales de las personas jurídicas y estructuras legales sujetas a la normativa. Este registro será de carácter confidencial y estará bajo la administración de la CNBS, la cual también será responsable de desarrollar el reglamento y los procedimientos para su funcionamiento.

De acuerdo con la institución, contar con información precisa sobre quiénes ejercen el control efectivo de las empresas permitirá fortalecer las investigaciones financieras, mejorar los procesos de supervisión y reducir el uso de sociedades para ocultar operaciones ilícitas o el origen de recursos obtenidos de manera ilegal.

Asimismo, la CNBS explicó que la legislación contribuirá a reforzar la confianza de inversionistas nacionales e internacionales al ofrecer un entorno con mayores niveles de transparencia y seguridad jurídica. Además, favorecerá el cumplimiento de los compromisos asumidos por Honduras ante organismos internacionales especializados en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo.

La normativa también contempla obligaciones para las personas jurídicas que operan en el país, las cuales deberán proporcionar información actualizada sobre sus beneficiarios finales conforme a los procedimientos que establezca el reglamento. Las autoridades indicaron que, una vez concluida la etapa reglamentaria, se desarrollarán jornadas de capacitación y socialización para facilitar el cumplimiento de la ley por parte del sector empresarial y demás actores involucrados.