ECONOMÍA

La Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) destacó la importancia de la nueva Ley de Transparencia y Registro Centralizado de Beneficiario Final, al considerar que la normativa fortalecerá los mecanismos de supervisión financiera y contribuirá a prevenir delitos relacionados con el lavado de activos, la corrupción y el financiamiento de actividades ilícitas.

La iniciativa fue aprobada recientemente por el Congreso Nacional y establece la creación de un registro centralizado administrado por la CNBS, con el propósito de identificar a las personas naturales que ejercen el control real o reciben los beneficios finales de empresas, sociedades mercantiles y otras estructuras jurídicas que operan en el país. La legislación forma parte de los esfuerzos de Honduras para alinearse con estándares internacionales de transparencia y fortalecimiento de los sistemas de prevención financiera.

Autoridades de la CNBS señalaron que la normativa permitirá contar con información más precisa sobre la propiedad y control efectivo de las empresas, facilitando las labores de supervisión y reduciendo los espacios para el ocultamiento de activos o el uso de estructuras corporativas con fines ilícitos.

La ley contempla la implementación de un sistema obligatorio de registro, actualización y verificación de datos relacionados con los beneficiarios finales, lo que permitirá a las autoridades disponer de herramientas más efectivas para detectar operaciones sospechosas y fortalecer los procesos de debida diligencia dentro del sistema financiero.

Asimismo, la normativa incorpora reformas orientadas a incrementar la transparencia corporativa, incluyendo medidas para identificar de manera más clara a los propietarios reales de las sociedades mercantiles y garantizar una mayor trazabilidad en las estructuras empresariales.

Desde la perspectiva de la CNBS, la entrada en vigencia de esta legislación representa un paso relevante para fortalecer la confianza en el sistema financiero hondureño y mejorar la capacidad institucional para combatir delitos económicos. Además, contribuirá a que el país continúe avanzando en el cumplimiento de compromisos internacionales en materia de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

La aprobación de la ley también es vista como una herramienta para reforzar la seguridad jurídica y la transparencia en las actividades económicas, al exigir que las empresas revelen quiénes son las personas que realmente ejercen control o reciben beneficios de sus operaciones, reduciendo así los riesgos asociados al anonimato corporativo.